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Tijuana BC (SBC).- Con la intención de conocer los beneficios de la Ley de Fomento a la Proveeduría de Baja California, recientemente aprobada por el Congreso del Estado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Tijuana, Lic. Marcello Hinojosa Jiménez, presentó al CDT, organismo que preside el Lic. Gabriel Camarena Salinas, los pormenores de esa legislación.
En una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico del CDT, cuyo líder es el Lic. Miguel Velasco, el titular de la CANACINTRA explicó que esa Ley será fundamental para fortalecer la proveeduría local en la industria de la manufactura y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de la región.
Asimismo, reiteró la importancia de que la Ley sea publicada en el Periódico Oficial del Estado a la brevedad, para que pueda ponerse en marcha y ofrecer incentivos a las empresas que utilicen insumos locales en sus procesos de producción.
Hinojosa Jiménez destacó que en la sesión estuvieron presentes no solo el Consejo de Desarrollo de Tijuana, sino también el de Playas de Rosarito, así como representantes de instituciones de Educación Superior y el XXII Ayuntamiento de Tijuana, a fin de tener clara la Ley y poder sacarle el mejor provecho posible.
Por su parte, Velasco anunció que el CDT creará un Comité para el fomento de esas cadenas productivas, así como colaborar con CANACINTRA para la inmediata puesta en marcha de la legislación.
Enfatizó la urgente necesidad de organización empresarial y la generación de estrategias para aprovechar la iniciativa aprobada por los legisladores locales, por lo que el Comité tendrá la finalidad de elevar los niveles de proveeduría local, en un marco de crecientes encadenamientos productivos, para provocar mayor valor agregado nacional.
Las acciones mencionadas, abundó, serán el detonante para mayores empleos y el bienestar social y económico de la sociedad en general, a partir de los pequeños y medianos empresarios.
Concluyó con que dicha propuesta pretende establecer las bases para el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas relacionadas en la materia que complementen la legislación, y llevar a cabo acciones para lograr mayor competitividad y desarrollo económico sustentable.
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