* En tanto el Poder Judicial y la PGJE no transfieran los recursos e ingresos al Instituto, deben pagar en tiempo y forma con cargo a sus propios recursos presupuestales que les fueron aprobados por el Congreso del Estado
MEXICALI, B.C. (SBC).- Un “periodo de gracia” hasta el primero de marzo se dará al Poder Judicial para que resuelva el conflicto que ha generado en torno al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), entregué instalaciones y el respectivo recurso económico, todo esto, por medio de una reforma que se presentará durante la sesión de este martes en el Congreso del Estado.
Así lo anunció el Diputado local Ricardo Magaña Mosqueda, inicialista de la Ley que crea el Instituto, quien agregó que se decidió tomar tal medida ante el rechazo por parte del Magistrada Presidente del Poder Judicial del Estado, María Esther Rentería Ibarra, de realizar la transferencia de recursos para que el ICF entré en funcionamiento.
El legislador recordó que se han venido suscitando una serie de declaraciones en los medios de comunicación que han generado un clima de dudas e incertidumbre respecto a la situación laboral de los trabajadores de Servicios Periciales de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) del Poder Judicial; así como de la transferencia de recursos que ambas instituciones deben llevar a cabo al Instituto de Ciencias Forenses e igualmente en torno al inicio de funcionamiento del nuevo ente.
Además, aclaró, se han realizado reuniones con los representantes sindicales de los trabajadores de Semefo, para aclararles que la partida económica para cubrir sus salarios si existe, pero no ha sido dada por la titular del Poder Judicial.
“Resulta oportuno clarificar que tanto al Ejecutivo Estatal, como al Poder Judicial, esta Legislatura de la cual formo parte les aprobó, en sus respectivos Presupuestos de Egresos, techos financieros que incluyen partidas para el funcionamiento de Servicios Periciales y SEMEFO, respectivamente; por lo cual la transferencia debe ejecutarse en las mejores condiciones posibles para dar cumplimiento a la Ley que crea al Instituto”, dijo Magaña Mosqueda.
Por otro lado, precisó, que hasta en tanto el Poder Judicial y la PGJE no transfieran los recursos e ingresos al Instituto, deben pagar en tiempo y forma con cargo a sus propios recursos presupuestales que les fueron aprobados por el Congreso del Estado, las remuneraciones y demás prestaciones que les corresponden a peritos, médicos legistas y demás trabajadores que en términos de esta Ley se adscriben al Instituto.
El congresista puntualizó que ha conversado con el resto de las fracciones parlamentarias al interior del Poder Legislativo y han coincidido en presentar esta reforma que contempla el “periodo de gracia”.
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