www.balun-canan.com/* La Procuraduría guarda silencio
* Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández desconocen los motivos de la Fiscalía. El primero prepara contrademanda contra el Gobierno federal
CIUDAD DE MÉXICO (SBC).- La alerta de la Procuraduría General de la República (PGR) contra tres ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), trajo una reacción similar a las que han tenido lugar en este tipo de casos: señalamientos por “guerra sucia”.
Manuel Cavazos Lerma, uno de los gobernadores afectados junto a Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, aseguró que ya trabaja su equipo jurídico y el del PRI para contrademandar al Gobierno federal, ya que dijo que sólo son especulaciones y no hay elementos para ubicarlo como culpable de alguna situación. “El que nada debe nada teme, por eso estoy aquí”. Así, acusó a la Federación de usar elementos jurídicos para empañar su imagen y la del partido tricolor: “Es sospechoso y sistemático que en pleno proceso se haga esta situación”.
Señaló que esto podría ser parte de una “guerra sucia” en contra del PRI, ante el avance que ha tenido su partido.
“Hay elementos de duda que pretenden empañar la imagen de un priista y de varios priistas. No es la primera vez que se usa el aparato de la procuración de la justicia con propósitos de proselitismo”.
El diputado local del PAN, Leonel Cantú Robles, calificó la acción del Gobierno federal como tardía y equivocada por estar en puerta un proceso electoral.
Señaló que en el caso de Eugenio Hernández Flores, las demandas de investigación son varias, entre estas, dijo, por el estado lamentable como dejó a Tamaulipas, en completo desorden financiero.
“A esto se le suman las manifestaciones públicas de enriquecimiento inexplicable de varios de sus colaboradores, y también por la relación que algunos de ellos tenían con algunas organizaciones delictivas, que ha sido público y denunciado”.
Ayer, Tomás Yarrington Ruvalcaba escribió al respecto en su cuenta de Twitter: “Me entero de que mi nombre aparece en una alerta migratoria. Espero que la autoridad aclare el motivo y los alcances de la misma”.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Eugenio Hernández se dijo sorprendido por la alerta, ya que nunca ha sido llamado a declarar.
Hasta el cierre de la edición, la PGR no dio razón de tal alerta.
Para colmo, autoridades de los Aeropuertos de Reynosa y Ciudad Victoria aseguraron no tener notificación sobre la alerta migratoria.
Contrario a lo expresado por Cavazos, José González Morfín, líder de los senadores del PAN, rechazó que la revelación de los casos de supuestas conductas ilícitas de funcionarios de Tamaulipas sea producto de una “guerra sucia”.
Los casos
“Cacería” de ex funcionarios
Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, fue extraditado a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010 por operaciones de narcotráfico.
En 2009 tuvo lugar el “Michoacanazo”, operativo mediante el cual fueron detenidos 35 funcionarios, incluídos alcaldes, por presuntos nexos con el narcotráfico. Hoy todos están libres.
El 7 de junio de 2011, el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue detenido por peculado. Después se agregó el de homicidio por la muerte de al menos 30 menores, presuntamente provocada porque el Gobierno estatal no dio los recursos al hospital que los requería.
FUENTE : EL INFORMADOR DE JALISCO
Manuel Cavazos Lerma, uno de los gobernadores afectados junto a Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, aseguró que ya trabaja su equipo jurídico y el del PRI para contrademandar al Gobierno federal, ya que dijo que sólo son especulaciones y no hay elementos para ubicarlo como culpable de alguna situación. “El que nada debe nada teme, por eso estoy aquí”. Así, acusó a la Federación de usar elementos jurídicos para empañar su imagen y la del partido tricolor: “Es sospechoso y sistemático que en pleno proceso se haga esta situación”.
Señaló que esto podría ser parte de una “guerra sucia” en contra del PRI, ante el avance que ha tenido su partido.
“Hay elementos de duda que pretenden empañar la imagen de un priista y de varios priistas. No es la primera vez que se usa el aparato de la procuración de la justicia con propósitos de proselitismo”.
El diputado local del PAN, Leonel Cantú Robles, calificó la acción del Gobierno federal como tardía y equivocada por estar en puerta un proceso electoral.
Señaló que en el caso de Eugenio Hernández Flores, las demandas de investigación son varias, entre estas, dijo, por el estado lamentable como dejó a Tamaulipas, en completo desorden financiero.
“A esto se le suman las manifestaciones públicas de enriquecimiento inexplicable de varios de sus colaboradores, y también por la relación que algunos de ellos tenían con algunas organizaciones delictivas, que ha sido público y denunciado”.
Ayer, Tomás Yarrington Ruvalcaba escribió al respecto en su cuenta de Twitter: “Me entero de que mi nombre aparece en una alerta migratoria. Espero que la autoridad aclare el motivo y los alcances de la misma”.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Eugenio Hernández se dijo sorprendido por la alerta, ya que nunca ha sido llamado a declarar.
Hasta el cierre de la edición, la PGR no dio razón de tal alerta.
Para colmo, autoridades de los Aeropuertos de Reynosa y Ciudad Victoria aseguraron no tener notificación sobre la alerta migratoria.
Contrario a lo expresado por Cavazos, José González Morfín, líder de los senadores del PAN, rechazó que la revelación de los casos de supuestas conductas ilícitas de funcionarios de Tamaulipas sea producto de una “guerra sucia”.
Los casos
“Cacería” de ex funcionarios
Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, fue extraditado a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010 por operaciones de narcotráfico.
En 2009 tuvo lugar el “Michoacanazo”, operativo mediante el cual fueron detenidos 35 funcionarios, incluídos alcaldes, por presuntos nexos con el narcotráfico. Hoy todos están libres.
El 7 de junio de 2011, el ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, fue detenido por peculado. Después se agregó el de homicidio por la muerte de al menos 30 menores, presuntamente provocada porque el Gobierno estatal no dio los recursos al hospital que los requería.
FUENTE : EL INFORMADOR DE JALISCO
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