Presenta Diputado Ricardo Magaña iniciativa para que el TSJE sesione en público

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* Ricardo Magaña Mosqueda, quien señaló que el Poder Legislativo “es la llave que permite destrabar, es la llave que nos abre las puertas de la transparencia
MEXICALI, B.C. (SBC).- El grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó un proyecto de Decreto por medio del cual propuso que las audiencias del Poder Judicial sean públicas, con la finalidad de lograr la transparencia en la administración de la justicia. La propuesta fue presentada en la sesión ordinaria del Congreso del Estado correspondiente a este día, a través del Diputado Ricardo Magaña Mosqueda, quien señaló que el Poder Legislativo “es la llave que permite destrabar, es la llave que nos abre las puertas de la transparencia, al permitirnos modificar los ordenamientos legales para incluir figuras o para modificar la actuación de los órganos a efecto de que éstos, sin necesidad de trámite alguno, sean en su propio actuar más transparentes de lo que a la fecha se encuentran”.

Señaló que se debe ser congruente con los avances que se han dado en las instituciones de Gobierno, pues por un lado se transparentan las audiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal; se pasa de un sistema inquisitivo a acusatorio en donde las audiencias penales son orales y públicas para así dar mayor legitimidad y no se presten los juzgadores a entendidos o sobornos con el inculpado, sino que sus resoluciones sean apegadas a derecho fundadas y motivadas y que no vayan inclinadas a beneficiar a una persona por cualquier circunstancia que se pueda realizar.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no sigue la misma tónica y mantiene en su Ley Orgánica sesiones de tipo público y secreto, por lo que se propuso la reforma a los artículos 31 y 32 de este ordenamiento para quedar como sigue: “las sesiones del Tribunal serán públicas por regla general y por excepción privadas, en los casos que así lo determine la ley, o cuando así lo disponga el propio Pleno”.

En otro tema, las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM, PEBC y PT, presentaron en tribuna un proyecto de Decreto para reformar la Ley Federal de Trabajo, con el objetivo de que se le reconozca al trabajador el derecho de recibir la Prima de Antigüedad, a partir del primer año de labores.

La Iniciativa fue leída en tribuna por el Diputado Juan Montejano de la Torre, quien explicó que en la actualidad, la fracción tercera del artículo 162 de la citada Ley, establece: “La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido”.

Montejano de la Torre señaló que la prima de antigüedad es una prestación de Seguridad Social, sin embargo, la forma en que se encuentra regulada actualmente, la hace ver como un pago indemnizatorio, desvirtuando el espíritu del legislador que incluyó esta prestación en la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anterior, es que se propone reformar la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo de manera que esta prestación sea pagada a todos los trabajadores, independientemente de la forma en que se separen de sus labores y del tiempo que llevan laborando, logrando así que este beneficio de seguridad social cumpla su cometido de apoyar, proteger y premiar al trabajador que ha realizado adecuadamente sus labores así como premiar el haberse mantenido mucho tiempo en un solo empleo.

La Iniciativa será turnada al Congreso de la Unión como proyecto de Decreto, por tratarse de una Ley federal.

Las mismas fracciones parlamentarias citadas arriba, presentaron a través del Coordinador del grupo parlamentario del PRI, Diputado Julio Felipe García Muñoz, un proyecto de Decreto que tiene como propósito reformar el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de incrementar al treinta por ciento las participaciones federales que reciban los municipios, provenientes del Fondo General de Participaciones Federales que correspondan al Estado.

Actualmente, el Estado entrega el 20 por ciento del monto del Fondo General de Participaciones, pero los Municipios podrían recibir una mayor cantidad de recursos proveniente de este fondo. Sin embargo, en la realidad, la mayoría de los Municipios en el país reciben solamente el mínimo legal establecido, debido, en parte, a esta dependencia presupuestal que tienen los Estados con la Federación.

García Muñoz agregó que esto resulta incomprensible, sobre todo si se toma en cuenta que es responsabilidad de los Municipios cubrir las necesidades básicas del 100 por ciento de los mexicanos, como lo establece la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se les obliga a cumplir con los servicios básicos de la población.

Dijo que en este sentido las obligaciones de los Municipios no están acordes a los recursos que estos tienen derecho a recibir, donde sus responsabilidades sobrepasan su capacidad de acción debido a la insuficiencia de recursos, por lo que, enfatizó, “con el objetivo de lograr las metas mencionadas y basados en los ideales de mejorar las capacidades de los municipios los cuales constituyen la célula básica del tejido político y social de la Republica Mexicana, se propone reformar el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal para elevar el mínimo legal de participaciones federales que los Municipios deben recibir año con año, para transitar de un 20 a un 30 por ciento”.