¡OTRA VEZ LA HUASTECA HIDALGUENSE!

BALUN CANAN, TLANCHINOL, HIDALGO.-En las pasadas elecciones de ayuntamientos en Hidalgo, el muy importante municipio serrano-huasteco de Tlanchinol pasó de manos del PRI a las de un “político” de extracción panista, con lo cual los muchos pobres de esa rica región (terrible paradoja que no está sólo en el lenguaje sino en los hechos) saltaron, como suele decirse, de la sartén a la lumbre. Es decir, que si bajo la anterior administración sus demandas, todas justificadas como hube de detallarlo en un desplegado de circulación nacional, fueron sólo “toreadas” con las maniobras al uso, con el cabildo panista las cosas se pondrían mucho peor. Y así ha sido, para desgracia de los pobres de la Huasteca hidalguense. Desde que el actual alcalde (de cuyo nombre no es necesario acordarse por ahora) asumió el cargo, que para él es más bien un “monstruoso califato”, como dijera alguna vez don Sebastián Lerdo de Tejada,  no se ha dignado atender ninguna, absolutamente ninguna de las demandas que le han presentado los marginados de su municipio. Y el argumento es el que ya se ha vuelto el signo distintivo, el sello inconfundible y característico de todos los gobiernos derechistas del país: yo no trato con “grupos”, dice el cacique de Tlanchinol, sino con ciudadanos; así que todo aquel que “venga en bola” pierde su tiempo, pues no recibirá ninguna atención por parte de mí gobierno. Y remata: no cederé jamás a presiones de grupos y líderes chantajistas, que medran con la pobreza del pueblo. Y de ahí no lo saca nadie. 

La situación, ya de por sí tensa por estos desplantes autoritarios e ilegales, dio un

 

salto en la comunidad de Temango cuando el soberbio alcalde se presentó al lugar, “con todo su ayuntamiento”, y, sin más trámites, procedió a designar (que no a elegir) a la autoridad municipal de la comunidad. Aquí, la mayoría simpatiza con una persona distinta a la ungida por la prepotencia oficial, pero arrastra un pecado capital: se le identifica como simpatizante de Antorcha Campesina. La comunidad, como era de esperarse, se inconformó con el atropello e intentó, por todos los caminos legales que tuvo a mano, hacer que el alcalde rectificara y convocara a una elección democrática; pero sus esfuerzos se estrellaron contra el muro de las mafias políticas y los intereses creados. Desengañados y hartos de suplicar justicia, iniciaron una protesta permanente frente al palacio municipal de Tlanchinol, misma a la que se sumaron otras comunidades desatendidas en sus necesidades básicas. En resumen, pedían esencialmente dos cosas: elecciones democráticas en Temango y respuesta urgente y positiva a las demandas de las comunidades marginadas.

La reacción fue la previsible, la misma vieja y resobada estrategia de todos los gobernantes autoritarios y mafiosos para enfrentar situaciones similares: someter a palos a los molestos precaristas que reclaman justicia, mientras “los de arriba” se reparten alegremente el presupuesto y los privilegios derivados del control del poder. En efecto, el munícipe de Tlanchinol desató de inmediato una feroz guerra mediática en contra de los plantonistas y de Antorcha Campesina, con los pretextos e injurias ya dichos, en una clara preparación de la opinión pública para un futuro uso de la fuerza. Sólo añadiré algo acerca de su “argumento” en el caso de Temango. Dice el alcalde que la ley lo faculta para designar como autoridad a aquel ciudadano que cuente con la simpatía mayoritaria de la población, y que eso es, justamente, lo que ha hecho. Pero, ¿cómo se enteró de las preferencias de la gente, si no ha permitido que la comunidad se manifieste libremente? Y si está seguro de su elección, ¿por qué teme, entonces, la consulta directa a la comunidad? Respuesta: el señor miente y se contradice al tratar de defender su imposición, y por eso, todos sus discursos y pronunciamientos públicos terminaban siempre con la amenaza de “desalojar por la fuerza” a los inconformes.

Finalmente, el domingo 25 de abril hizo efectiva su amenaza. Ese día, cerca de las once de la mañana, un rabioso grupo de panistas a su servicio, respaldados por la policía municipal y por guaruras vestidos de civil, arremetió contra el plantón y destruyó el campamento. Los antorchistas se replegaron para evitar ser masacrados e impedir, además, que los pudieran culpar de la violencia desatada. Ahora bien, a todos consta que el presidente Felipe Calderón, y sus colaboradores más cercanos, no dejan pasar oportunidad para insistir en que éste es un país de leyes, que nadie puede estar por encima de la ley y que su gobierno será inflexible con quienes la transgredan. Pues bien, el califa de Tlanchinol es, sin lugar a dudas, reo de cuando menos tres delitos: conculcar y atacar el derecho de libre asociación y organización para fines lícitos; el derecho a la libre manifestación pública de las ideas; y el derecho de petición. Es decir, el señor transgrede brutalmente garantías constitucionales fundamentales y se coloca, con ello, por encima y en contra de la ley. Pregunta: ¿quién es el responsable de someterlo y sancionarlo? ¿A quién deben recurrir los ofendidos en demanda de justicia? ¿O es que en un país de iguales ante la ley, según el Presidente, hay algunos más iguales que otros?

El gobierno del Estado de Hidalgo tiene la obligación de garantizar la paz pública y los derechos de todos en todo su territorio; por tanto, no puede ni debe escudarse en el origen partidario de cualquier autoridad para dejarla hacer su regalada gana. Además, también él está obligado a atender las demandas legítimas de sus gobernados y a respetar los compromisos firmados por sus funcionarios, cosa que no ha hecho hasta el día de hoy. Por eso, a partir del lunes 26 de los corrientes, los huastecos y todos los antorchistas de Hidalgo iniciarán un plantón indefinido en palacio de gobierno, exigiendo verdadera igualdad ante la ley y cumplimiento de los compromisos gubernamentales con los necesitados. Esa será su consigna. Y no se levantarán hasta verla satisfecha.