* Se compromete a gestionar apoyos laborales y de emprendimiento para las personas afectadas por el cierre de la planta en Mexicali
Semanario Balún Canán/MEXICALI. B.C.(SBC).– La diputada Liliana Michel Sánchez Allende recibió en la Sala Mujeres de Baja California: Forjadoras de la Patria, sede del Congreso del Estado, a 51 personas extrabajadoras de la empresa Autolite, quienes denunciaron haber sido despedidos sin indemnización o notificación formal tras el cierre repentino de la planta en enero pasado.
Durante el encuentro, la legisladora escuchó de manera directa los testimonios de quienes señalaron que, en algunos casos, simplemente encontraron las puertas cerradas y se les negó el acceso a su centro de trabajo, sin previo aviso ni acompañamiento institucional.
Entre las personas afectadas, hay quienes tienen de 6 meses hasta 21 años de antigüedad laboral, además existen referencias de compañeras y compañeros con más de 30 años de servicio. En su mayoría, se trata de personas con un rango de edad de los 48 a 70 años, por lo que hoy enfrentan serias dificultades para reinsertarse en el mercado laboral y por falta de alternativas inmediatas.
La diputada Michel Sánchez reiteró que este tipo de situaciones evidencian la urgencia de fortalecer el marco legal para evitar que las empresas abandonen a su personal sin asumir su responsabilidad. Recordó que en el Congreso local se impulsa una reforma al Código Penal conocida como “Ley antigolondrinas”, que busca tipificar como delito las malas prácticas patronales como el cierre repentino de empresas, el impago reiterado de salarios y el abandono laboral que deja en el desamparo a familias bajacalifornianas.
La diputada se comprometió a realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo para vincular a las personas afectadas con nuevas oportunidades laborales. Asimismo, informó que buscará coordinación con la Secretaría de Economía e Innovación y la Secretaría de Bienestar para apoyar a quienes deseen emprender por cuenta propia.
“Cuando una empresa se instala en nuestra ciudad utiliza infraestructura, servicios públicos y el talento de nuestra gente; por eso exigimos responsabilidad social y respeto a los derechos laborales”, expresó.
Hizo un llamado a las personas trabajadoras a mantener la unidad y hacer un frente común, independientemente de que sus casos se judicialicen mediante representación legal pública o privada, subrayando que el acompañamiento institucional y la organización colectiva son fundamentales para defender sus derechos y evitar que estos hechos se repitan en Baja California.
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