En la reunión, en la que García García presentó las modificaciones que, como secretaria de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, realizó a la Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los integrantes del sectorial señalaron la importancia del atlas de riesgo a pesar de que la sociedad y la misma autoridad lo tiene infravalorado.
De igual manera, para los expertos en el área, la información que se plasmará en el documento se hará perdediza en uno o dos años, dependiendo del desarrollo del país, si no va de la mano de la creación de departamentos especializados en cartografía y formación espacial que continuamente actualicen los atlas de riesgo nacional, estatales y municipales.
También señalaron que, pese a contar con información tan valiosa, esta de nada servirá si no pueden accesar a las colonias, por lo que solicitaron mínimo dos helicópteros para apoyar las labores de protección civil, considerando que Tijuana es una ciudad muy accidentada, constituida por cerros y relieves pronunciados que dificultan el acceso.
Es una herramientas invaluable, acotaron los vocales, pero no nada más es eso, se necesita de funcionarios capacitados en el sistema de información geográfica, por lo que solicitaron también que se profesionalice el área de protección civil mediante la creación de una licenciatura, una maestría o doctorado; así como más apoyo con recurso humano por parte de Protección Civilil del Estado y de los municipios, pues los departamentos en esta área cuentan con escaso personal.
Lo anterior fue solicitado después de que la diputada Margarita García diera a conocer las modificaciones que realizó en la Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que presentó ante la cámara de diputados de la LXIV Legislatura y está pendiente de su revisión en el Senado de la República.
Ante los integrantes del sectorial, la diputada detalló las modificaciones más relevantes de la ley, como fue la obligatoriedad que tienen los tres órdenes de gobierno de consultar el atlas de riesgo antes de autorizar el desarrollo de una zona habitacional, a fin de evitar que por actos de corrupción, los funcionarios pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.
"Con ello también tendremos una menor infraestructura dañada y reduciremos el coste de los servicios básicos. Este ordenamiento reforzará la resiliencia del país con infraestructura mejor construida que sea resistente a amenazas naturales", aseveró e indicó que en México todavía falta mucho por hacer en la cultura de la prevención, pues desafortunadamente de los 2,457 municipios que lo conforman, solo 493 cuenta con altas de riesgo.
En el caso de Baja California, señaló, de 6 municipios existentes, solo dos carecen de atlas de riesgo y desconoce si los otros cuatro están actualizados, lo cual da una ventaja al estado, pues lo opuesto ocurre en Oaxaca que tiene 570 municipio y solo 37 cuentan con el instrumento.
Finalmente comentó que en la ley sobre el atlas del riesgo se faculta a dependencias federales para determinar y publicar los terminos de referencia para la elaboracion de los atlas de riesgo; y se incluyó la audición del ejecutivo en turno federal, estatal y municipal para la elaboración, actualización y manteniento de dicha herramienta, a fin de evitar la corrupción de las autoridades.
"Se intentó realizar una ley integral más acorde a la época que estamos viendo, con miras a cumplir con los convenios internacionales, creando una sociedad más consciente de las situaciones de riesgo de nuestras demarcaciones. En algunos años podremos palpar una cultura de la prevención", sostuvo la diputada.
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