TIJUANA, B. C. (SBC).- Mientras los fuegos artificiales estallan fulgurantes en el cielo bajacaliforniano en el Gobierno del Estado disfrutan del espectáculo que, por el momento, los mantiene fuera de las justas exigencias de cuentas y acciones por parte de los gobernados.
Como en la época romana, con sus circos y sus leones, hoy como siempre la plebe quiere sangre.
Y en el Gobierno de Baja California atento a lo que la plebe exige “porque aquí la gente manda”, han desplegado una bien articulada estrategia mediática para linchar públicamente a los exalcaldes priistas, en tanto se ocultan sus deficiencias y sus evidentes incapacidades.
Pero sobre todo, se atienden algunas ambiciones personales desmedidas.
Y es que mientras Baja California sigue paralizado, el Gobierno del Estado sigue elevando peligrosamente su deuda pública.
Lo hace como lo ha estado haciendo desde hace varios sexenios y que hasta el reporte de julio pasado llegaba a los 15 mil 760.9 millones de pesos, de los cuales 8 mil 535 millones de pesos correspondían a deuda directa.
De acuerdo con los estados financieros que aparecen en el portal de transparencia, la administración de José Guadalupe Osuna Millán dejó una deuda pública entre directa e indirecta de $14,626.5 millones.
En apenas nueve meses –noviembre de 2013 a julio de 2014-, la administración del gobernador Kiko Vega pasó la deuda pública del Estado de a $15,760 millones, lo que marca una diferencia en apenas 270 días de $1,134.4 millones de pesos.
Lo interesante es que no han sido ni las paraestatales ni los municipios los que han incrementado su deuda pública, sino el Poder Ejecutivo al pasar de $7, 441 millones que registraba en noviembre del 2013 a $8,535 millones en julio del 2014; es decir se incrementó en 1 mil 260 millones de pesos.
Lo grave es que no se ha informado a qué se ha destinado ese recurso porque la realidad nos muestra que, en materia de obras, el Gobierno de Baja California está totalmente paralizado.
Pero que demás resultaría una mentira decir que el Gobierno Federal no ha apoyado al Gobierno del Estado, cuando el mismo documento señala que de enero a julio del 2014, en participaciones federales Baja California ha recibido $1,482 millones contra los $1,357.1 millones recibidos en el mismo periodo del 2013: es decir $125 millones más.
Incluso a nivel general, este año los ingresos del Gobierno del Estado han sido superiores a los del mismo periodo del año pasado, al pasar de $23,698.8 millones a $25,040 millones de enero a julio del 2014, lo que significa una diferencia a favor de $1,344 millones de pesos.
¿Dónde están esos recursos?
¿En qué se han invertido si los bajacalifornianos seguimos sin ver obras y acciones que ayuden a mejorar el nivel de vida o bien para atraer nuevos inversionistas que vengan a generar los empleos que se necesitan?
Seguramente los voceros oficiales y los oficiosos saldrán a decir que no hay por qué preocuparse; que la deuda es manejable y que Baja California tiene una gran capacidad de endeudamiento.
Seguramente que sí y qué bueno que así sea.
Pero el asunto aquí es que entre tanta pirotecnia, en diez meses de gobierno de Francisco Vega de Lamadrid sus promesas siguen sin cumplirse, mientras el dinero se sigue gastando a manos llenas sin conocerse el destino y sus beneficios sociales.
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