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* “Sí, hay que conocer nuestro derecho de acceso a la información, pero también hay que saber cómo se garantiza, quién lo garantiza y en qué tiempos”
TIJUANA, B. C. (SBC).-A fin de promover el derecho a la información pública entre la ciudadanía, la Casa de la Cultura Jurídica (CCJ) de Tijuana, impartió una plática a cargo del profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Dr. Hiram Raúl Piña Libien. El académico reiteró que el acceso a la información pública es un derecho constitucional, a través del cual, todos los ciudadanos pueden acceder a diversos archivos del Estado o de órganos autónomos como el IFE, el Banco de México o las universidades públicas.
Destacó que en este ejercicio democrático, el ciudadano podrá conocer detalladamente en qué y cómo se aplican los recursos públicos, así como también, informarse sobre la actuación de las autoridades.
Subrayó que la Ley Federal de Transparencia establece que información relacionada con el presupuesto o los tabuladores salariales, debe ser publicada en los portales electrónicos de cualquier institución pública, de lo contario, el ciudadano podrá solicitarla verbalmente o de manera escrita.
No obstante, manifestó que es necesario trabajar más, en un Estado democrático y constitucional donde prevalezca la transparencia y la rendición de cuentas “en este último punto, se dan otros mecanismos con los cuales, aquella persona que ocupa un cargo de elección popular rinde un informe a otra autoridad, tal y como lo puede ser la contraloría del estado”.
“La manifestación de bienes en un claro ejemplo de cómo se comporta el patrimonio de un presidente municipal, del gobernador de un estado o de un servidor público que maneja recursos, sin embargo, ésta es una información que aunque el ciudadano pretenda conocer, se mantiene al margen por ser de carácter privado; hay límites en la transparencia o rendición de cuentas” comentó.
Señaló que el artículo 6to constitucional fija los parámetros sobre los que debe girar la transparencia; en ese sentido, mencionó que es obligatorio para todas las entidades de la República contar con un órgano garante facultado para ordenar la entrega de información.
Insistió en que la cultura de la transparencia debe promoverse más, no sólo entre la ciudadanía, sino entre los servidores públicos, haciendo que comprendan que la información que generan no es de su propiedad, sino que es de carácter público, salvo aquellos aspectos que la ley deja fuera, como datos personales o expedientes penales, éste último punto, limitado sólo por un lapso de tiempo.
“Sí, hay que conocer nuestro derecho de acceso a la información, pero también hay que saber cómo se garantiza, quién lo garantiza y en qué tiempos” expresó.
Por último, recomendó a los ciudadanos que ejerzan su derecho al acceso de información, lo hagan con la idea de mejorar la operación de las instituciones y como una forma de involucrarse en los asuntos públicos.
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