Marcha nacional de 50 mil a la Segob, por justicia y respeto en Oaxaca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Castigo a secuestradores y asesinos de antorchistas oaxaqueños! ¡Alto a las amenazas de muerte contra el Ing. Aquiles Córdova Morán!

Al Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República

Al Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación

Al Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL:
BALUN CANAN, -En el estado de Oaxaca ocurren atentados sumamente graves contra la libertad, la vida y la integridad física y moral de muchas personas sin que el gobierno encabezado por Ulises Ruiz mueva un solo dedo para impedirlos y castigar a los responsables de las agresiones. Delitos tales como el secuestro y tortura de 39 indígenas mixtecos de la comunidad de Santo Domingo Yosoñama, incluyendo ancianos y niños; el asesinato del campesino Simón Antonio Santos y las lesiones provocadas por disparos a otros cuatro; las calumnias y amenazas de muerte contra la dirigencia estatal y contra nuestro líder nacional, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, todos cometidos a la luz pública y varios de ellos documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad, siguen absolutamente impunes debido a la omisión flagrante en la aplicación de la ley por parte del Gobierno del estado.
El conflicto en esa región no es nuevo, pero sí lo es el nivel trágico que ya alcanzó debido a la inacción de las autoridades políticas y judiciales de Oaxaca. En efecto, desde hace décadas Yosoñama mantiene una disputa por 1800 hectáreas que ha poseído desde hace siglos, y que reclama como suyas el pueblo vecino de San Juan Mixtepec, a pesar de que esta comunidad nunca las ha tenido en posesión ni las ha trabajado. La situación se complicó por la intervención torpe de las autoridades agrarias. Éstas, para librarse de la agresiva presión de Mixtepec, avivada por la lentitud y torpeza de Yosoñama a causa de un pésimo asesoramiento legal, creyeron fácil decidir, desde sus oficinas en el Distrito Federal, que las 1,800 hectáreas en litigio pasaran, sin más averiguaciones, a poder de Mixtepec. En esa resolución, resulta obvio el error garrafal de haber hecho a un lado los factores histórico-sociales del problema y, como consecuencia, haber pasado olímpicamente por encima del derecho consuetudinario (única fuente de todo verdadero derecho) de Santo Domingo Yosoñama.
El siguiente episodio vino pocos días después, cuando un grupo armado, al mando de algunas de las cabezas caciquiles de Mixtepec, irrumpió en Yosoñama y se llevó secuestrados a 39 campesinos, mismos que fueron vendados de los ojos, encerrados y sometidos a tortura al no darles alimento y amenazarlos con que serían ejecutados si sus paisanos no entregaban la tierra. Prácticamente al día siguiente de estos graves hechos, nuestra organización los denunció ante la opinión pública oaxaqueña y ante las autoridades estatales e instaló un plantón en demanda de que se liberara a los campesinos, se castigara a los secuestradores y se encontrara una solución justiciera al problema agrario en mención. Pero el gobierno nunca llevó a cabo una acción verdaderamente enérgica y apegada a derecho, como era su obligación, para rescatar a las víctimas, que con el paso de los días sufrían las consecuencias físicas y mentales del cautiverio y la amenaza permanente de ser asesinados, como lo demuestra la recomendación emitida por la comisión estatal de derechos humanos, quien detectó que los cautivos padecían dolor de cabeza generalizado debido a la tensión nerviosa, conjuntivitis, rinitis, faringoamigdalitis y varios malestares más, provocados por el calvario que padecían.
Pero ni el plantón, ni las marchas, ni la denuncia en los medios del sufrimiento de los indígenas lograron hacer que el gobierno se moviera para rescatar a las víctimas. Más por conveniencia propia que por la presión del gobierno, los captores sólo liberaron a los que corrían el riesgo inminente de morir debido a su avanzada edad.

Tampoco se hizo caso de la recomendación fechada el 25 de julio de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, quien emitió la recomendación a la Procuradora de Justicia del estado a fin de que “gire sus instrucciones al Subprocurador Regional de la Mixteca, para que la institución ministerial de manera inmediata realice las acciones legales procedentes, para obtener la libertad de las treinta y cinco víctimas del delito de privación ilegal de la libertad, retenidas en San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, por tratarse de un delito permanente o continuo”.
Y los resultados trágicos de esta protección de facto del gobierno de Oaxaca hacia los caciques de Mixtepec y al grupo estatal con el que se relacionan, vinieron el 7 de agosto. Envalentonados por la inacción del gobierno de Ulises Ruiz, armaron un comando de 300 sujetos, muchos de ellos sicarios profesionales, que se introdujo a los terrenos de Yosoñama y arremetió a tiros contra los indígenas que encontraron a su paso, lo que dio como resultado el asesinato de Simón Antonio Santos, quien murió de un balazo en la cabeza, y dejo seriamente lesionados a otros cuatro: Filemón Antonio José, de 57 años, quien sufrirá una invalidez permanente como consecuencia de los dos disparos que recibió en la cabeza, Félix Ventura Antonio, Germán Reyes José y Catalino Cruz Reyes. Ante la gravedad de los hechos, los secuestrados fueron puestos en libertad, pero ninguno de los responsables ha sido castigado, ni tampoco está detenido ninguno de los homicidas.
Las agresiones no se han detenido ahí: alentados una vez más por la impunidad de la que gozan, y seguramente aconsejados por los padrinos que les mueven los hilos, cuyos nombres daremos a conocer en el momento conveniente, los homicidas y secuestradores ahora se han puesto a lanzar amenazas de muerte contra el Ing. Aquiles Córdova Morán, Secretario General del Movimiento Antorchista, mediante un blog en el que aparece un logotipo oficial del ayuntamiento de Mixtepec, donde se publica un escrito anónimo cuya autoría se atribuye a una fantasmal Unión del Pueblo Indígena, lleno de hez verbal y destilando la furia de un asesino bestial.
La situación es verdaderamente grave, no sólo para la seguridad de los antorchistas, sino para la propia estabilidad del país, pues es obvio que ahí se encuentra un foco delincuencial al que las autoridades oaxaqueñas no quieren tocar ni con el pétalo de una averiguación previa, ya sea por complicidad o por incapacidad, para el caso da lo mismo. Resulta que ese grupo puede secuestrar, matar, portar armas prohibidas sin que les pase absolutamente nada; que los agresores siguen libres, declaran en los medios y hasta se hacen aparecer como las víctimas de los antorchistas, a pesar de que los secuestrados, los heridos y el muerto pertenecen a nuestras filas, y que las víctimas no sólo deben guardarse sus reclamos de justicia, sino soportar que injurien y amenacen a su líder, que lo único que ha hecho es ponerse del lado de la parte más débil, es decir, del lado de Yosoñama.
El Movimiento Antorchista Nacional está indignado por los atropellos aquí descritos y por la impunidad de que gozan su autores, y no va aceptar pasivamente que se le persiga ni que se amenace la vida del Ing. Aquiles Córdova, hombre limpio y luchador social de toda la vida, querido y respetado por millones de personas que militan o simpatizan con el antorchismo. Por eso, en rechazo a esta política de persecución y amenazas tolerada desde el gobierno de Ulises Ruiz, hemos iniciado una campaña nacional que exige justicia y respeto en Oaxaca, en apoyo de la cual 50 mil antorchistas acudiremos el próximo 7 de septiembre, en una manifestación que partirá del Zócalo de la Ciudad de México a la Secretaría de Gobernación, a fin de exigir justicia para las víctimas, solución al conflicto agrario, y respeto incondicional a la actividad y a la vida de nuestro Secretario General. Ese mismo día, 20 mil antorchistas marcharán por las mismas demandas en la ciudad de Oaxaca.