De esta forma, señaló, se podrá facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento y otras acciones relacionadas con la modernización del transporte público; entre otras beneficios para dicho sector.
Explicó el legislador, que con la propuesta se plantea que los derechos de concesión, de manera total o parcial, puedan ser transferidos, dados en garantía, embargados o gravados, siempre que exista autorización expresa y por escrito del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).
Razo Córdova añadió que tales operaciones estarían sujetas a un dictamen técnico de factibilidad, para que se garantice que no habrá afectaciones a la prestación del servicio y que existirá un beneficio social.
Aclaró que, de aprobarse la misma, esto incluye que los bienes destinados al servicio público, como unidades, accesorios e infraestructura, continuarían sujetos a las disposiciones y supervisión del Instituto estatal que regule este tema.
El legislador señaló que la reforma busca generar condiciones para que los concesionarios puedan utilizar sus derechos como respaldo patrimonial y acceder a créditos, garantías e inversión, particularmente para la renovación de unidades, incorporación de tecnología y modernización del transporte.
Precisó que la iniciativa "no representa una desregulación", pues se mantiene la rectoría del Estado y la protección del interés público, al establecer que cualquier acto de disposición deberá contar previamente con la autorización del IMOS y cumplir con los requisitos que determine el propio Instituto.
Con esta modificación, agregó, se busca fortalecer las herramientas jurídicas y financieras del sector, al tiempo que se preservan la continuidad, seguridad y calidad del servicio de transporte público en Baja California.
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