Semanario Balún Canán/TIJUANA. B.C.(SBC).– El diputado local Jesús Daniel Razo Córdova, presentó recientemente una iniciativa de reforma al Artículo 18 de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos laborales y asegurar que los recursos públicos beneficien únicamente a empresas socialmente responsables.
De acuerdo con la propuesta, presentada por el legislador estatal del Distrito XII de Tijuana, se plantea incorporar la Fracción VIII al citado artículo, para establecer como una causa expresa de cancelación de estímulos e incentivos económicos estatales, el hecho de que las empresas beneficiadas incurran en violaciones graves a la legislación laboral.
Señaló que el objetivo es garantizar que el apoyo financiero otorgado por el Estado esté condicionado al respeto de los derechos de las y los trabajadores, promoviendo un entorno de empleo digno, justo y competitivo.
"Los recursos públicos deben destinarse a empresas que cumplen con la ley y que respetan la dignidad de sus trabajadores. No podemos permitir que el dinero de las y los bajacalifornianos subsidie prácticas que vulneran derechos laborales fundamentales", expresó el diputado morenista.
Razo Córdova explicó que, actualmente, la legislación contempla sanciones para empresas que incumplen obligaciones administrativas o fiscales; sin embargo, no prevé consecuencias para aquellas que, pese a recibir incentivos estatales, cometen violaciones graves en materia laboral, como despidos injustificados, retención de salarios o incumplimiento de prestaciones.
Asimismo, destacó que la reforma cobra especial relevancia ante el crecimiento del nearshoring, al advertir que la atracción de nuevas inversiones no debe sustentarse en la precarización del empleo ni en la reducción de costos mediante abusos contra las personas trabajadoras.
"La competitividad de Baja California debe construirse sobre la innovación, la productividad y el respeto a los derechos humanos laborales, nunca sobre prácticas que afecten la estabilidad económica y el bienestar de las familias", subrayó.
Razo Córdova añadió que la iniciativa también busca generar condiciones de competencia equitativa para las empresas que cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales y laborales, evitando que negocios que incumplen la ley obtengan ventajas indebidas y, al mismo tiempo, reciban incentivos financiados con recursos públicos.
Enfatizó que los despidos masivos, el impago de salarios o prestaciones y otras violaciones laborales tienen un profundo impacto social, al comprometer el patrimonio, la estabilidad y los proyectos de vida de miles de familias bajacalifornianas.
La propuesta se sustenta en las facultades conferidas por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, además de armonizarse con el principio constitucional de trabajo digno y salario justo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales suscritos por el Estado mexicano.
Finalmente, el diputado Jesús Daniel Razo Córdova reiteró que continuará impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico con justicia social, privilegiando el bienestar de las familias, la protección de los derechos laborales y el crecimiento sostenible de Tijuana y de todo Baja California.

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