miércoles, 3 de junio de 2026

Más recursos para Baja California en 2027 tras eliminación de privilegios políticos: Julieta Ramírez

*  ​Ahorros en alta burocracia y gastos electorales se traducirán en mayor presupuesto para obras públicas en el Estado a partir del próximo año

*  Las reformas de vivienda garantizarán la construcción de al menos 65 mil hogares para sectores vulnerables en la entidad

​Semanario Balún Canán/MEXICALI, B.C (SBC).— Las reformas aprobadas en el Senado de la República para eliminar privilegios, "pensiones doradas" y los altos costos de la clase política se traducirán, a partir de 2027, en más recursos para obras de infraestructura en Baja California, aseguró la senadora Julieta Ramírez Padilla.

​Al rendir su Segundo Informe Legislativo, la legisladora puntualizó que estas iniciativas de ley implican un recorte directo a los gastos excesivos en funcionarios públicos, políticos y la burocracia electoral, al destinar el dinero público a donde realmente se necesita.

​En materia de vivienda, Ramírez Padilla refirió que gracias a las modificaciones legales realizadas, se proyecta la construcción de al menos 65 mil casas en Baja California. Este programa dará prioridad a los jóvenes, jefas de familia, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas que actualmente no cuentan con acceso al Infonavit.

​Asimismo, la senadora recordó el impacto de las reformas en materia social impulsadas desde el primer año de la legislatura y del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

​Gracias a este paquete de reformas, actualmente más de 800 mil personas en Baja California reciben programas para el bienestar. El padrón estatal incluye a:

​Más de 400 mil adultos mayores con pensión garantizada.​ Más de 300 mil jóvenes, niñas y niños con becas, capacitación y apoyos para útiles escolares.

​Más de 35 mil mujeres de entre 60 y 64 años que ya reciben la pensión "Mujeres Bienestar".

​"La vivienda digna para quienes han estado excluidos durante años, los apoyos sociales y programas para garantizar la educación y el bienestar de la población, son ahora un derecho constitucional", concluyó la legisladora bajacaliforniana.

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