* Puntualmente Por:Alejandrina Saguchi Q.
Semanario Balún Canán/TIJUANA. B.C.(SBC).– La conmemoración del Día de la Lucha contra la Violencia Vicaria, una fecha nacida para visibilizar una de las formas más perversas de agresión: aquella donde se utiliza a los hijos como herramientas para destrozar la vida de una madre. Este año en Baja California, no llega entre gráficas estadísticas o foros teóricos, sino con el eco de una tragedia que ha sacudido la conciencia colectiva: el caso de Vicentito.
La muerte del menor en Mexicali, ha transformado el debate en un campo de batalla ético y social. Lo que comenzó como una exigencia de las colectivas feministas para reconocer la violencia vicaria con perspectiva de género, hoy se encuentra con una nueva fuerza ciudadana: la movilización liderada por el padre de Vicente y sus familiares, quienes buscan impulsar la llamada “Ley Vicente”.
El dilema no es trivial. Por un lado, las activistas y colectivos de mujeres sostienen que la violencia vicaria es una extensión del sistema patriarcal. Argumentan que, estadísticamente, el uso de los hijos como objetos de tortura psicológica es una táctica predominantemente masculina tras la pérdida del control sobre la pareja. Para ellas, "neutralizar" la ley es invisibilizar una violencia estructural que mata mujeres.
Por otro lado, la propuesta de la Ley Vicente surge desde el dolor de la pérdida y la indignación ante la omisión institucional. Esta visión, respaldada por grupos de padres y ciudadanos inconformes, propone que la protección no debe tener género. Su premisa es simple pero poderosa: el sistema de justicia falló en proteger a un niño, y la ley debe garantizar que ningún progenitor —sea hombre o mujer— pueda utilizar a sus hijos como moneda de cambio o armas de agresión.
Más allá de la terminología, el caso de Vicentito pone al desnudo las carencias del Poder Judicial en el estado. La verdadera tragedia radica en las alertas que nadie quiso ver: procesos de custodia burocráticos, evaluaciones psicológicas superficiales y una falta de sensibilidad para detectar cuando un menor está en riesgo inminente.
Baja California tiene hoy la oportunidad —y la obligación moral— de ser pionera en una legislación que no sólo castigue, sino que prevenga. No se trata de elegir entre una visión o la otra, sino de construir un marco jurídico que entienda que: La violencia contra las mujeres es real y requiere herramientas específicas y que el Interés Superior de la Niñez debe estar por encima de cualquier derecho de convivencia de un progenitor violento.
La memoria de Vicentito y la lucha de tantas madres que hoy viven en la zozobra de no saber si volverán a ver a sus hijos, exigen que el 11 de mayo no debería ser solo un recordatorio de la violencia, sino el punto de partida para una ley que, sin importar el nombre que lleve, garantice que la infancia en Baja California deje de ser el campo de batalla de los adultos.
En efecto, se debe de poner por encima del derecho de los Padres, el de los niños para la custodia, convivencia obligatoria con sus padres y exámenes psicológicos profundos, para evitar daños irreversibles producto de posibles conductas reprobables de alguno de ellos , o de ambos.
Es necesario reformar la ley y un poder judicial más eficiente, sensible y eficaz.
La autora es: Premio México de Periodismo "Ricardo Flores Magón" 2016 por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE). Comunicadora Destacada en el año 2009, por el Instituto de la Mujer de Baja California (INMUJERBC). Integrante del Muro de Honor de la "Sala Mujeres de Baja California Forjadoras de la Patria" del Poder Legislativo (2011).Reconocida en el año 2026, por la Asociación de Periodistas Unidos por el Glifo y la Palabra A.C. del Estado de México. Es Columnista, analista política y generadora de contenidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tus comentarios