* Por: Alejandrina Saguchi Q.
Semanario Balún Canán/TIJUANA. B.C.(SBC).– En México, la justicia para las mujeres no ha sido un derecho, ha dependido, durante décadas, de la suerte geográfica. Ser asesinada en un estado o en otro, ha significado la diferencia entre una investigación digna o el carpetazo del olvido.
Un federalismo malentendido, ha permitido la existencia de 32 definiciones distintas para calificar el mismo crimen. Esa fragmentación ha sido la mejor aliada de la impunidad.
La aprobación por unanimidad en el Congreso de Baja California lo convierte en un Estado más que aprueba la reforma al artículo 73 constitucional, que permite derribar uno de los muros más vergonzosos del sistema penal mexicano.
Al facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Feminicidio, el país finalmente admite una verdad dolorosa: La geografía no debe ser factor para decir quienes reciben justicia y quienes no.
Hasta este momento, México ha operado bajo un "mosaico de impunidad" donde el castigo al feminicida se regatea según el código penal de cada entidad. Mientras algunos estados exigen requisitos absurdos para acreditar el delito, otros carecen de protocolos claros de investigación.
Este caos jurídico ha convertido a las fronteras estatales en refugios para los verdugos. La unificación del tipo penal es, por lo tanto, el paso más decisivo para que el Estado mexicano deje de ser un espectador de la tragedia y se convierta en un garante de la vida.
Baja California ha levantado la mano desde la frontera, sumándose a la Ciudad de México, Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Oaxaca entre otros, para resolver la ruta de urgencia nacional.
El país debe observar con rigor a las legislaturas que aún guardan silencio o mantienen la minuta en la "congeladora". El argumento de la "soberanía estatal" palidece y suena a cinismo cuando se usa para frenar una ley que busca evitar que más familias sean destrozadas. Los legisladores deben de hacerse una autocrítica y responder a quién protegen realmente al mantener leyes locales débiles y desarticuladas.
La armonización total, no basta con cambiar la Constitución Federal. Se requiere que cada rincón del país adopte un estándar nacional que incluya, de forma obligatoria, la protección a las infancias en situación de orfandad y la investigación de toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género desde el primer minuto.
La violencia de género no conoce militancias, clases sociales ni códigos morales ni legales .Una bala no se detiene a preguntar por qué partido votó la víctima, ni un agresor respeta los límites territoriales. Por ello, la indiferencia ante esta reforma es, en los hechos, una forma de complicidad.
O se está con el derecho humano a la vida mediante una ley uniforme y poderosa. O se está con el caos de los códigos fragmentados que han servido de escondite de los criminales.
En algunos países como en Estados Unidos, todavía se aplica la ley del talión de: “ Ojo por ojo y diente por diente’. Es decir , la Pena de Muerte. En México, exigimos la armonización de la pena y el endurecimiento de la ley para los feminicidas
México ya no puede esperar: El DERECHO A LA VIDA debe ser la única frontera que nadie debe atreverse a cruzar.
La autora es: Premio México de Periodismo "Ricardo Flores Magón" 2016 por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE). Comunicadora Destacada en el año 2009, por el Instituto de la Mujer de Baja California (INMUJERBC). Integrante del Muro de Honor de la "Sala Mujeres de Baja California Forjadoras de la Patria" del Poder Legislativo (2011).Reconocida en el año 2026, por la Asociación de Periodistas Unidos por el Glifo y la Palabra A.C. del Estado de México. Es Columnista, analista política y generadora de contenidos.
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