En sus presentaciones ante el pleno del Congreso de Baja California, dijo que en materia ambiental propuso modificar el artículo 40 de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, a fin de que se establezca un marco legal preventivo que prohíba de manera categórica los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.
Dicha iniciativa, refirió, plantea además obligar a las autoridades estatales y municipales a generar suelo seguro destinado a vivienda social, priorizando la seguridad territorial y el derecho a una vivienda digna.
Ramón Vázquez justificó esta propuesta en el contexto de la crisis climática, al señalar que fenómenos como lluvias torrenciales y sequías se han intensificado, rebasando la capacidad de respuesta tradicional; aparte de destacar recientes deslaves y colapsos registrados en Tijuana como evidencia de una falla estructural en el marco jurídico vigente.
esta iniciativa, dijo, también se alinea con derechos constitucionales como el acceso a una vivienda digna y a un medio ambiente sano; y que de ser aprobada, esta reforma busca transformar el modelo de gestión de riesgos en la entidad, pasando de una atención reactiva a una planeación urbana preventiva.
Entre sus principales ejes se encuentra la prohibición de asentamientos en zonas peligrosas, la garantía de vivienda segura mediante la gestión de suelo apto, y la invalidez de permisos o licencias que contravengan las delimitaciones de riesgo.
Por otra parte, Ramón Vázquez presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, así como su denominación, que pasaría a ser “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para el Estado de Baja California”.
El objetivo, expuso, es armonizar la legislación estatal con el decreto publicado el 15 de enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incorporando avances en la materia; donde se destaque el reconocimiento de las distintas formas de violencias dentro del marco legal, fortalecer el papel de la Secretaría de las Mujeres en el Sistema Estatal, e incorporar el lenguaje incluyente en diversos artículos.
Con estas iniciativas, reiteró Vázquez Valadez, se busca actualizar el marco normativo estatal para responder a problemáticas actuales como el cambio climático y la violencia de género, fortaleciendo la protección de derechos y la seguridad de la población en Baja California.
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