Semanario Balún Canán/TIJUANA. B.C.(SBC).– Los bajacalifornianos seguimos viviendo con uno de los índices de impunidad más altos del país, donde las probabilidades de recibir justicia para quienes son víctimas de algún delito son mínimas. Las corporaciones encargadas de prevenir el delito, así como las instituciones responsables de sancionarlo, se encuentran completamente rebasadas.
Lo cierto es que ningún bajacaliforniano está seguro, ni siquiera en su propio domicilio. Prueba de ello es el lamentable asalto a una vivienda particular, en el que se observa claramente la comisión de hechos delictivos en contra de una pareja perteneciente al sector médico, mismo que fue ampliamente difundido gracias a las redes sociales y a los avances tecnológicos, enterando así a la población en general. Este caso se suma a otros casos similares registrados contra este mismo gremio.
Estos hechos ocurren en medio de la visita de la presidenta de la República y de reiteradas apariciones públicas de la gobernadora del estado, donde ambas presumen una supuesta disminución en la comisión de delitos. Sin embargo, la realidad que viven los bajacalifornianos es muy distinta a la que ven, o a la que les conviene ver, las autoridades, quienes parecen estar más preocupadas por cortar listones que por gobernar y proteger a los ciudadanos de bien de la región.
La violencia no distingue profesiones: los ataques al sector médico se suman a los perpetrados contra abogados, periodistas, arquitectos, comunicadores y la sociedad en general. Ya no basta con el discurso de “abrir una carpeta de investigación”; es indispensable esclarecer estos hechos y garantizar justicia.

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