Resulta que desde la oficina del Gobernador Jaime Bonilla le pidieron que interpusiera una denuncia contra quien resultara responsable, por las acusaciones de que es estaban alterando documentos en su dependencia, para “favorecer” la expropiación.
En Gobierno, querían que quedara claro y por escrito, que la expropiación del Club Campestre se ha hecho bajo el marco de la ley y que no se iba a permitir difamaciones al respecto.
Sin embargo, el exfuncionario se negó a interponer dicha denuncia ante la Fiscalía General del Estado, argumentando que este hecho lo enfrentaría con personas “muy poderosas” y que temía por la integridad física de él y su familia. Al final decidió por su propia cuenta firmar su renuncia.
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