El dilema, para los políticos, es sumamente serio. ¿Cómo dar respuesta a los reclamos sociales que exigen una batalla frontal contra la corrupción, sin que eso implique riesgos para ellos?
Dicen por ahí, que “…No hay borracho que trague lumbre, o enfermo que coma y beba, ni loco que por mucha hambre, se ahogue con su propia lengua”.
A esto habría que agregar, algo acorde a los tiempos que se viven en México : “Ni político que renuncie voluntariamente a vivir del presupuesto público”.
Pero, combatir la corrupción, no es tan simple como parece. Durante la administración lopezportillista, cuyo slogan de campaña fue aquel de “La solución somos todos”, la voz popular creó otro, que resulto una parodia : “La corrupción somos todos”.
El tema de la corrupción en México, alcanzó una relevancia enorme, no tanto por los casos cotidianos de saqueos de las arcas públicas y el enriquecimiento inexplicable, pero entendible, de muchos políticos mexicanos, sino por los evidentes conflictos de intereses, relativos a casas adquiridas por el Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a una empresa que ha logrado multimillonarios ingresos de sus relaciones con dichos personajes, desde los tiempos en que el Primer Mandatario gobenaba el Estado de México.
Asuntos estos, manejados pésimamente, por los involucrados y sus colaboradores, que han sido motivo de enjuiciamientos populares, pues surgen las hipótesis, de que los inmuebles no fueron materia de verdaderas operaciones de compra-venta, sino regalos, por los favores y atenciones recibidas.
Agobiado por todo esto, sobre todo porque los escándalos trascendieron las fronteras mexicanas, el Presidente Peña Nieto en días pasados resucitó la llamada Secretaría de la Función Pública, que había estado en un ataúd durante lo que lleva de su administración y designó como titular a un hombrecillo, para combatir la corrupción en la administración y en especial que investigue y porecise si es que existen conflictos de intereses en la adquisición de las casas.
Y si de paso se le agrega, el reclamo del sector empresarial, dos semanas atrás, al dar a conocer un Código de Integridad y Ética, mediante el cual exhortan y se comprometen, a que los empresarios no contribuyan a la corrupción. Para empezar, que no hagan donaciones a los partidos políticos, ni a las campañas proselitistas, para evitar conflictos de intereses.
Los moches, obsequios, gratificaciones, diezmos, de empresarios a políticos, para conseguir contratos de obras, compras o prestaciones de servicios, de forma tal que si los empresarios no se abstienen, de seguir haciendo tales “aportaciones”, corren el riesgo de ir a la cárcel, junto con los políticos beneficiados, y sean congelados, para impedirles que tengan relaciones con el sector público.
Dirigentes de todos los organismos empresariales, convocados por el Consejo Coordinador Empresarial, mediante dicho Código, exhortan a tener procedimientos y controles verificables, para establecer sanciones derivadas, del incumplimiento de las políticas que eviten el soborno, corrupción, colusión, cohecho o cualquier acto que implique un pago en dinero o especie, ventajas, privilegios, préstamo de servicios, asunción de deudas u obligaciones o atenciones excesivas.
Esto es una muestra, de que el sector privado reconoce el enorme daño que está provocando la corrupción en el país, en muchos de los casos alentada por los propios empresarios, pero que además de que limita o frena la creación de nuevas fuentes de trabajo, no permite la igualdad de oportunidades para todos, por lo que reclamaron acciones prácticas y contundentes, para combatirla.
El Presidente Peña Nieto, dedicó todos sus esfuerzos, en la primera parte de su gestión administrativa, para lograr las reformas estructurales, dejando pendientes los temas anticorrupción y seguridad pública.
Los actores políticos, incluyendo el propio Primer Mandatario, han entendido que, para pensar en la posibilidad de la recuperación económica y social del país, debe darse una batalla frontal e integral a la corrupción y el compromiso es establecer las bases para ello, antes de que termine el presente mes.
El dilema es, si es que los políticos tendrán la capacidad y la honestidad, para crear leyes que realmente permitan abatir la corrupción y castigar a los corruptos. En especial, por que el hacerlo, será tanto como “ponerse la soga al cuello”.
El establecer trampas, para capturar a políticos corruptos, sería lo ideal. Como diría la rana : -Pienso seriamente en hacerlo, pero luego me doy cuenta que también yo soy corrupto, y me arrepiento.
Y si bien es cierto que en la primera parte de la administración peñanietista, se aprobaron 93 reformas, de las cuales 4 fueron constitucionales, 77 a leyes existentes, se crearon 8 leyes nuevas y se emitieron 4 decretos, darle forma al Sistema Nacional Anticorrupción, parece que será imposible que se logre en lo que resta del sexenio.
Sin duda alguna, los frenará el hecho de que será tanto como ponerse la soga al cuello.
gil_lavenants@hotmail.com
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