Con la detención se inicia el proceso penal en su contra por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, consistente en usar, aprovechar y explotar un bien propiedad de la Nación sin el permiso o concesión del Estado. A fin de enfrentar el proceso en libertad, José Maza deberá presentar una caución de veintidós mil pesos mexicanos (aproximadamente dos mil dólares).
Como parte del mismo proceso penal, la Radio Diversidad fue cerrada el 11 de marzo de 2009 mediante un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) respondiendo a una orden de cateo librada por un juez penal federal. De acuerdo con el expediente, la denuncia inicial fue interpuesta por la Unidad Jurídica de la Secretaría de Gobernación (Segob) en enero de 2009.
Otros integrantes de la radio comunitaria, Juan José Hernández y Paola Ochoa, continúan enfrentando un proceso penal en su contra como parte de la misma acusación, la cual será debidamente impugnada en su momento por parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México).
La radio comunitaria Diversidad se encuentra ubicada en el municipio de Paso del Macho, Veracruz. Fue fundada por jóvenes con el fin de constituirse en un espacio de desarrollo.
Este caso se suma al de otras radios comunitarias que han sufrido persecuciones penales similares. La persistencia por parte de las autoridades en la utilización de la legislación penal, en lugar de la administrativa –pena proporcional para cumplir el objeto de la ley, que es recuperar la frecuencia de radio-, constituye la continuidad de una política persecutoria y de criminalización en contra de las radios comunitarias.
La persecución penal en contra de personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcionada e innecesaria, sobre todo cuando estas radios han demostrado su voluntad de legalidad y es la misma autoridad la que ha fallado en dar respuesta a sus solicitudes de permiso.
Cabe recordar que los organismos internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos han dicho que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y por tanto su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben privilegiarse otras vías, de no ser así su empleo resulta abusivo y criminalizante.
Por tanto, AMARC México hace un llamado al Estado mexicano a fin de que cese estos procesos de persecución penal e implemente acciones que posibiliten a las comunidades ejercer su derecho a la libertad de expresión por medio de la radiodifusión comunitaria.
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