* También, avaló reformas a los Códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales
Semanario Balún Canán/ Palacio Legislativo de San Lázaro, (SBC).- La Comisión de Justicia, que preside el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), aprobó los dictámenes a las minutas en materia de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 103 y 107 de la Constitución Política y la relativa a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Carta Magna.
También, avaló reformas al Código Penal Federal en cuanto al delito de peligro de contagio, compensación al cónyuge, abigeato y delitos contra lo administración de justicia, así como modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a discriminación de personas con discapacidad
Ley de Amparo
Las y los diputados aprobaron en sus términos con 19 votos a favor, nueve en contra, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el que se derogan y reforman disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 103 y 107 constitucionales.
El diputado Moreno Rivera explicó que el objetivo es armonizar el contenido de dicha ley para dar cumplimiento a la reforma del Poder Judicial.
Las modificaciones planteadas incluyen la adecuación de disposiciones que refieren a la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, a partir de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, será de nueve ministras y ministros el 1 de septiembre de 2025.
Además, la adecuación de las denominaciones de los órganos que ahora serán los que tengan competencias en materia disciplinaria y de administración, tales como el Tribunal de Disciplina y el órgano de Administración Judicial.
Detalló que uno de los puntos esenciales de este dictamen es que, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de amparo, no procede la suspensión cuando se promueva en contra de una reforma a la Carta Magna.
Destaca la integración del lenguaje inclusivo en las disposiciones legales, que promueve el cambio de cultura que invisibiliza la participación de la mujer en los órganos del Estado y actualizan las bases para calcular multas y sustituye la referencia al salario mínimo por Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Posicionamientos
Por Morena, el diputado Leonel Godoy Rangel afirmó que no se pone en riesgo el juicio de amparo, porque los artículos 14 y 16 constitucionales, que son la materia fundamental, están intocados; lo que se hace es quitar la posibilidad en amparo en materia electoral.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) se pronunció en contra, por considerar que van en retroceso de todos los años que se venía robusteciendo la Ley de Amparo en favor de las personas que menos tienen para protegerlos de los actos de autoridad y de las violaciones en los ámbitos federal, estatal o municipal.
Del PVEM, el diputado Carlos Arturo Madrazo Silva argumentó que la seguridad jurídica es un derecho reconocido en la Carta Magna, un pilar del contrato social y un compromiso del Estado para asegurar que las leyes se apliquen de manera clara y predecible.
Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT, respaldó los dictámenes e indicó que el juicio de amparo, la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad permanecen, pero se acaba el uso faccioso del amparo.
El diputado Arturo Yañez Cuellar (PRI) señaló que con esta reforma quien tenga recursos para promover un amparo lo hará y los efectos beneficiarán solo a esa persona, y lo sufrirán los más pobres. Dijo estar en contra porque es un retroceso del Poder Judicial.
El diputado de MC, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, señaló que la reforma limita al juicio de amparo a una lista muy corta de supuestos y va en contra de la tradición de la izquierda que ha litigado por años para frenar al poder público que quería pasar encima de los derechos de las personas.
Pros y contras
De Morena, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes señaló que la reforma armoniza y homologa el texto legal con el constitucional, se utiliza un lenguaje técnica y políticamente correcto, “o cosas tan superfluas y claras como cambiar el nombre de la Ciudad de México”.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) dijo que no acompañará el proceso porque es un error mayúsculo que está terminando con el sistema garantista que costó siglos construir y consolidar; da paso a un régimen que cuida los intereses del poder, no los del pueblo y convierte a la justicia en algo exclusivo de quien tenga recursos para defenderse.
Para la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) lo que hoy se hace con estos dictámenes es una armonización de lo realizado en la reforma constitucional a través de la norma reglamentaria. “Es mentira que ya no exista el juicio de amparo y la división de poderes; lo que se hace es poner orden en el juicio de amparo”.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) resaltó que la reforma tiene un trasfondo de venganza para perpetuarse en el ejercicio del poder público, pues se eliminan los controles y el fondo es darle “al traste a la posibilidad de las y los mexicanos que menos tienen de poder ampararse ante un acto de la autoridad”.
Por Morena, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo apuntó que con estas reformas no se hacen más laxas las facultades, sino se adecua lo referente al órgano de administración judicial como el Tribunal de Disciplina Judicial el cual sustituye en funciones a la Judicatura Federal, además de que se ajustan con un lenguaje incluyente.
En tanto, la diputada del PAN, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, enfatizó que con estas adecuaciones no hay seguridad jurídica, pues se eliminan figuras como el juicio de amparo y se pone en riesgo la independencia y autonomía del Poder Judicial al ponerlo en el ámbito electoral, lo cual niega el acceso a la justicia de la ciudadanía.
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política
Posteriormente, con 19 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones, se aprobó con modificaciones el dictamen al proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política.
El presidente de la instancia señaló que se armoniza esta ley, ajustando las reglas de votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se modificarán de acuerdo con su nueva integración.
La propuesta también señala que, tratándose de controversias constitucionales planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada, añadió.
Dijo que los cambios materializan los objetivos de la reforma judicial, consolidan un sistema más eficiente, transparente e incluyente, y sientan las bases para una justicia pronta y protectora de derechos humanos, principalmente de quienes no se les ha satisfecho ese derecho.
Precisó que del análisis al decreto se observó una discrepancia técnica en la correlación de los artículos 46, 47 y 58 de la minuta con relación a los párrafos del artículo 105 constitucional, la cual refiere un penúltimo párrafo de dicho precepto, cuando lo correcto es que diga antepenúltimo.
Propuso hacer la modificación correspondiente y remitirla de nuevo al Senado, a fin de evitar cualquier discrepancia o dar pie a futuras interpretaciones en la Corte.
Posicionamientos
Hugo Eric Flores Cervantes, diputado de Morena, mencionó que votaría a favor porque es un acierto cambiar el sistema. Refirió que esta ley reglamentaria tiene cosas destacables como lo referente a las notificaciones por medios electrónicos, notificaciones nulas, reglas de interrogatorios entre peritos y testigos.
El diputado César Israel Damián Retes (PAN) apuntó que hoy no hay acciones de inconstitucionalidad, porque ya se prohibieron en la Constitución. Argumentó que estas acciones dan un control absoluto, lo cual es erróneo, ya que es necesario que se revisen las reformas a la Carta Magna.
Del PVEM, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón consideró que de no aprobarse estas modificaciones se corre el riesgo de generar vacíos legales, contradicciones e incertidumbre normativa para la ciudadanía; es decir, solo quedará en un documento con buenas intenciones, sin impacto real en la vida cotidiana de las personas.
La diputada Bernal Martínez expresó que la reforma tiene que ver con acciones y controversias constitucionales; incluye el lenguaje de género, contempla al Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración, considera la UMA en sanciones, el uso de la firma electrónica y el tema de supremacía constitucional.
El diputado Domínguez Domínguez sostuvo que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son el fondo de la reforma y consideró que hay profesionalismo, ética y gente preparada en el Poder Judicial.
Pros y contras
El diputado Yañez Cuellar refirió que esta reforma es un retroceso de derechos y constituye un duro golpe a los avances jurisdiccionales de México; además, se busca concentrar el poder y no en dar justicia a los mexicanos.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) lamentó que en la armonización que se está haciendo hoy sobre la reforma constitucional al Poder Judicial se siguen diciendo incoherencias. ¿Acaso les molesta el lenguaje incluyente?
A su vez, la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) señaló que es un agravio para las y los mexicanos lo que se está haciendo; no hay armonización ni contrapesos, hay abuso de poder y de las instituciones. “Es una ley berrinche; se está consagrando un fraude judicial y se está cooptando a dicho Poder”.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) recordó que la Constitución solo puede ser reformada por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, y eso es lo que se quiere hacer valer: el poder reformador del Constituyente Permanente
A su vez, el diputado Suárez Licona expresó que este dictamen es una cadena de abusos legislativos e institucionales, al reiterar que el único objetivo de la reforma es el secuestro del Poder Judicial, porque no mejora la justicia para la ciudadanía.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo (Morena) dijo que votaría a favor porque habrá correspondencia entre la disposición constitucional y la ley reglamentaria y contiene disposiciones para la nueva Corte que se integrará después del 1 de junio.
Pablo Vázquez Ahued, diputado de MC, manifestó su voto en contra porque se limita el funcionamiento de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad y quita herramientas para contener y enfrentar decisiones políticas.
El diputado Godoy Rangel dijo estar satisfecho con lo que se está haciendo, ya que se adecuan y armonizan las reformas constitucionales en el tema de controversias y acciones de inconstitucionalidad. “No se pone en riesgo ni el juicio de inconstitucional ni la controversia”.
Eliminan el delito de peligro de contagio
Las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 23 votos a favor y cinco abstenciones, el proyecto de dictamen por el que se deroga y reforman disposiciones del Código Penal Federal, para eliminar el delito de peligro de contagio.
El presidente de la instancia legislativa explicó que el dictamen plantea derogar el delito de peligro de contagio contenido en el artículo 199 Bis del Código Penal Federal y, con ello, contribuir a la eliminación de prácticas discriminatorias contra grupos de personas en situación de vulnerabilidad.
Al respecto, la diputada promovente Laura Hernández García (MC) manifestó que estas adecuaciones permitirán terminar con la discriminación y persecución para quienes presentan este padecimiento.
El también proponente, diputado Jaime Genaro López Vela (Morena) refirió que esta reforma busca derogar un delito que a partir de la pandemia del VIH-Sida en la década de los 80s, originó el estigma y la discriminación hacia quienes viven con el padecimiento.
Derechos de personas con discapacidad
Por unanimidad de 28 votos, se aprobó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de discriminación de personas con discapacidad.
Esta reforma propone eliminar del primer párrafo de ese artículo “o de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho”, y dejar solo la expresión “tratándose de personas menores de dieciocho años”.
Asimismo, se adiciona un segundo párrafo para establecer que, tratándose de personas con discapacidad, para la presentación de la querella se adoptarán medidas para salvaguardar sus derechos, y se brindarán los apoyos y salvaguardas necesarios, teniendo como base la mejor interpretación posible de la voluntad, según lo que pueda comunicar o manifestar la persona con discapacidad a través de mecanismos de comunicación no convencional.
Al hablar a favor, el diputado Prieto Gallardo indicó que el dictamen responde a un principio de igualdad de acceso a la justicia y busca garantizar la accesibilidad y adaptaciones necesarias, proteger los derechos de las personas con discapacidad.
La diputada Zavala Gómez del Campo refirió que esta reforma significa un esfuerzo para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad y planteó la necesidad de destinar un presupuesto suficiente para que haya traducción, posibilidad de acceder a los espacios públicos, Sistema Braille y Lenguaje de Señas Mexicanas.
Compensación al cónyuge
Las y los diputados aprobaron por unanimidad el dictamen por el que se adiciona el artículo 273 Bis al Código Civil Federal en materia de compensación al cónyuge.
El diputado Moreno Rivera explicó que el propósito de la modificación es establecer que las o los cónyuges que se hayan dedicado principalmente a las labores del hogar y actividades del cuidado de los hijos e hijas, podrán demandar, en caso de divorcio, una compensación de hasta 50 por ciento de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, bajo el régimen de separación de bienes.
En este sentido, la diputada Rafaela Vianey García Romero (Morena) se congratuló por este dictamen, ya que fortalece la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva.
Incrementan penas por delito de abigeato
De igual forma, se aprobó con 27 votos a favor el dictamen a la iniciativa que reforma los artículos 381 Ter y 381 Quater del Código Penal Federal, para establecer pena de entre dos y 12 años de cárcel para el delito de abigeato.
Añade que con igual pena será castigado quien oculte, transporte, comercialice o disponga de los productos obtenidos de la comisión del delito de abigeato.
Además, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando sea cometido por quien tenga una relación laboral, de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el propietario del ganado, se dañen cercos, alambres, postes, cadenas, cerrojos o candados que resguarden el ganado del propietario; se ejecute mediante violencia física o moral, lo cometa un servidor público, o se utilicen guías de propiedad y tránsito, boletas de marca y señal o cualquier documentación equivalente que sea falsa o expedida por terceras personas.
Delitos contra la administración de justicia por servidores públicos
Por 26 votos a favor y una abstención, se avaló el dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 225 del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos.
La propuesta de la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) plantea reformar la fracción XXXII para estipular como delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, omitir o abstenerse injustificadamente de la investigación del hecho delictuoso de que se trate.
En las nuevas fracciones XXXII Bis, XXXII Ter y XXXII Quater añade como delito negar la calidad de víctima, cuando existan elementos suficientes que la acrediten, de conformidad con la Ley General de Víctimas; obstaculizar el ejercicio de los derechos de las víctimas durante la investigación y favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia.
Estipula que a quien cometa estos delitos se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años, y de cien a ciento cincuenta días multa.
Añade un cuarto párrafo para señalar que tratándose de las fracciones XXXII, XXXII Bis, XXXII Ter y XXXII Quater, las sanciones previstas se aumentarán en una mitad, en su mínimo y máximo, cuando se acredite que el servidor público actuó o fue omiso por motivos de discriminación, y vulnere los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas.
El diputado Prieto Gallardo señaló que la modificación fortalece el acceso a la justicia, combate la impunidad que ha vulnerado los derechos de las víctimas y es un paso para que los servidores públicos cumplan su deber de procurar justicia.
Retiran proyecto sobre tentativa de feminicidio
Las y los diputados acordaron retirar el proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 325 Bis al Código Penal Federal, en materia de tentativa de feminicidio, a fin de conformar una mesa de trabajo y ampliar su análisis.
Una vez aprobados los dictámenes, el presidente de la Comisión instruyó que se remitan a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.
Informes de omisiones legislativas derivadas de resoluciones judiciales
En asuntos generales, el presidente Moreno Rivera hizo del conocimiento de las y los integrantes de la Comisión dos documentos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. El primero es el relativo a la omisión legislativa para realizar reformas la Ley de Migración con el objetivo de crear un registro de las personas migrantes detenidas.
El segundo, se refiere a la omisión legislativa del artículo 5° Transitorio de la Ley de Amnistía, publicada el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que estableció 180 días para que el Congreso de la Unión lleve a cabo el ejercicio de revisión de los delitos a que hace referencia esta ley, con la finalidad de valorar la vigencia de los elementos configurativos.
Al respecto, el legislador indicó que la Junta Directiva acordó crear un grupo de trabajo para que analice y haga una propuesta para el desahogo y atención de esos requerimientos judiciales.
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