'“Plomo o plata”: el mensaje de los narcos a los periodistas mexicanos'

• Desde que asumió Felipe Calderón en 2006, 31 periodistas han muerto o están desaparecidos. Poder de los carteles en el control de la prensa.

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2010 (Rodrigo Lloret / Perfil.com) .- Plomo o plata. Esa es la síntesis del macabro mensaje que reciben los periodistas mexicanos que investigan sobre el narcotráfico. “Los compramos o los matamos”, es el aviso de los señores de la droga que circula por las redacciones de un país que ha visto incrementar la impunidad de los carteles en los últimos años. Para alertar a la comunidad internacional sobre la cada vez más preocupante situación en los medios de comunicación de México, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, según sus siglas en inglés) acaba de presentar un documento titulado “Silencio o muerte en la prensa mexicana”.

PERFIL accedió a este detallado informe, que fue elaborado en septiembre y está confeccionado con entrevistas a los editores y periodistas mexicanos. “Crimen, violencia y corrupción están destruyendo al periodismo local”, destaca el trabajo desde su presentación. Es que desde diciembre de 2006, cuando asumió la presidencia Felipe Calderón, 31 periodistas han sido asesinados o están desaparecidos en México. El CPJ ha confirmado que al menos ocho de ellos murieron en represalia directa por su trabajo.

La investigación del organismo que tiene sede en Nueva York y promueve la libertad de expresión en todo el mundo indica que México es uno de los países más letales para la prensa. “El informe del CPJ revela cómo el crimen, la violencia y la corrupción, promovidos por el narcotráfico, están destruyendo a la prensa mexicana y socavando los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y acceso a la información. La violencia sin precedentes que sacude al país excede largamente a la prensa para convertirse en un problema que afecta el derecho humano básico de todos los mexicanos, incluyendo periodistas, a la libertad de expresión. El crimen organizado no sólo está librando una guerra en las calles sino que también disputa el control de la información”, advirtió Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ.

El gobierno de México desplegó en los últimos cuatro años a 45 mil efectivos del ejército y 20 mil policías federales para ganarle la guerra a los narcos. Pero no lo está logrando: según un informe presentado este año ante el Congreso mexicano, más de 22 mil personas han muerto en asesinatos relacionados con el narcotráfico. El trabajo también aseguró que más del 70% de los municipios del país están bajo influencia del poder de los carteles de la droga.

En ese contexto de violencia, la semana pasada se organizó en México un seminario titulado “Seguridad, protección y libertad de expresión en México”, diseñado por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en el que organizaciones mexicanas e internacionales se reunieron para reforzar el reclamo de garantía del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

Andrés D’Alessandro, director ejecutivo del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), participó de ese seminario. “Los periodistas mexicanos no quieren ser mártires: quieren hacer su trabajo en libertad y profesionalmente, pero tienen que informar desde el patíbulo. Por supuesto que siempre hay excepciones, pero la gran mayoría de los colegas de los estados más riesgosos se autocensuran como la principal arma de protección frente al narcotráfico y la inacción estatal –opinó D’Alessandro–. Incluso, hay periodistas y medios de comunicación pagados por los propios narcos, que intentan ‘lavar’ sus imágenes desinformando o manipulando la información”.

Según el “Indice de impunidad” que elabora anualmente el CPJ, a partir de la cantidad de crímenes sin resolver contra periodistas, México ocupa el 9 puesto de un ranking encabezado por Irak, Somalia y Filipinas. Y varios editores mexicanos dicen haber aprendido la lección: para sobrevivir hay que publicar lo mínimo. La verdad es silenciada para poder seguir con vida.

“Una de mis fuentes me pasó una pista: mi nombre estaba en una lista negra de sentenciados a muerte”, escribió para el informe del CPJ Luis Horacio Nájera, un periodista mexicano que trabajaba en el diario Reforma y tuvo que salir de México por las amenazas. “Hasta ahora no he podido averiguar si fui un cobarde o un valiente al huir de Ciudad Juárez con mi familia y tres maletas. Llevo dos años en el exilio y todavía lucho con mis sentimientos por haber abandonado mi hogar y mis padres. Por dejar el periodismo que tanto amo después de 18 años de profesión.”

Alarma y condena de la SIP

Casi como una paradoja, nueva sangre periodista volvió a correr en México en las últimas 48 horas cuando una banda de 40 sicarios atacó a dos reporteros, asesinando a uno de ellos, el fotógrafo Luis Carlos Santiago, e hiriendo de gravedad al otro, Carlos Sánchez, cuando ambos se encontraban en el estacionamiento del Diario de Juárez, en Ciudad Juárez, la localidad más violenta de México, junto a un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua (CEDH).

De inmediato, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su alarma y condenó el ataque a los dos profesionales al tiempo que reclamó una acción “regional y multilateral” para brindar protección a los hombres de prensa en ese país. La organización hemisférica anunció además que, durante una reunión prevista la próxima semana con el presidente de México, Felipe Calderón, abordará el tema de la seguridad y violencia contra la prensa en su país. En este sentido, Alejandro Aguirre, presidente de la SIP, consideró que la violencia contra la prensa en México tiene que ver con un proceso de proliferación del crimen organizado y el narcotráfico, por lo que estimó necesario “pedir la responsabilidad regional y multilateral” para mejorar la protección a los periodistas.

La guerra contra los carteles del narcotráfico ya se cobró en México casi 30 mil muertes desde que Calderón la desató al asumir la presidencia. El grueso de las víctimas, según las autoridades, corresponden a delincuentes vinculados a las rutas de la droga.