TIJUANA, B. C. (SBC).- En las zonas rurales, en los tiempos de intensos fríos, se hacen hogueras, que hay que estar cuidando, echándole pedazos de madera o ramas, leña en general, para mantener el fuego, a fin de aminorar los efectos de las ondas gélidas.
Metafóricamente, asuntos de interés, problemas candentes, a los que las autoridades dan largas, a fin de “enfriarlos”, los interesados por lograr una respuesta o solución, tienen que estarle “echando leña al fuego”, para mantener vivo o latente el asunto, con la esperanza de que un día surjan funcionarios públicos sensibles, dispuestos a enfrentarlos y resolverlos.
Eso es lo que está ocurriendo con el asunto de la defensa del Parque “Benito Juárez”, ubicado a un costado del Palacio Municipal de Tijuana, en la zona río, y que se pretende desaparecer al construir una enorme plancha de cemento, cuyo proyecto fue bautizado como “Plaza 11 de julio”, pero que popularmente es conocido como “El Zócalo” o “La Plaza del capricho”.
La batalla, fue iniciada desde que el empresario priísta, Carlos Bustamante, andaba en campaña por la Presidencia Municipal de Tijuana. Como candidato, fingió interés en este asunto, pero una vez que asumió el cargo, le dió la espalda e incluso desalojó con la policía a quienes se mantenían en defensa, reclamando se desechara el proyecto y se preservaran los árboles del Parque Teniente Guerrero.
Terminó la gestión de Bustamante y se inició el de Jorge Astiazarán Orcí, y, aunque lentas las obras, el proyecto del Zócalo, sigue en pie. Como también se mantienen en pie, quienes están en contra de la llamada “Plaza del Capricho”.
Como muestra de esa férrea lucha, este jueves, 24 de julio del año en curso, a partir de las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo el Foro “Análisis y propuestas para la defensa de la integridad del Parque Benito Juárez”. Será en el mismo sitio, motivo de la pugna, convocado por el regidor del XXI Ayuntamiento, Luis Felipe Ledezma, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Seguramente ahí estarán, muchos de quienes están en contra del proyecto de “El Zócalo” y que de una u otra forma, directa o indirectamente, han manifestado su postura en torno a este tema, que, aparentemente, resulta fabuloso, siempre y cuando se desarrollara en una zona distinta, en la que no se tenga que “meter con calzador”, ni tengan que derribar una de las pocas zonas arboladas de Tijuana.
Se le conoce como “La Plaza del Capricho”, precisamente porque los promotores, pese a la inconformidad generada, y las valiosas opiniones de carácter técnico, sobre lo absurdo de este proyecto, insisten en seguir adelante.
Hace poco más de un mes, el mismo regidor, Luis Felipe Ledezma Gil, por su propio derecho y con el carácter de representante popular, presentó una denuncia conjunta y mancomunada, ante la Procuraduría General de la República, siendo registrada bajo Expediente AP/PGR/BC/TIJ/1330/14/M-IV, iniciándose la correspondiente indagatoria, de cuyo desarrollo no se ha informado nada, hasta el momento.
La otra parte de la denuncia, fue ante la Procuraduría General de Protección al Ambiente, por el uso indebido e ilegal, de los bienes del patrimonio público y por la criminal tala e ilícito trasplante de árboles en el Parque Central “Benito Juárez”, en la zona río de Tijuana. Aunque la denuncia formal, fue presentada el 16 de junio, ante la delegación de la PGR, enterado el columnista días antes, el sábado 7 de junio, abordó este tema.
Destacaba entonces, que en la denuncia del regidor Ledezma Gil, aparecían, con el carácter de testigos, el Ing. Felipe Daniel Ruanova Zárate, excandidato a la gubernatura estatal, así como el Lic. José Angel Peñaflor Barrón, prestigiado litigante en esta frontera, y quien ha asesorado en todo momento a los defensores del Parque Benito Juárez.
El denunciante, señaló como presuntos responsables de los delitos que se configuren, a un total de 19 personas, a las que dividió en tres grupos : 12 funcionarios y exfuncionarios públicos, un dirigente religioso, siendo este el arzobispo Rafael Romo Muñoz, y seis particulares.
En el primer grupo, de funcionarios y exfuncionarios, refirió al exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, al Gobernador Francisco Vega de la Madrid, a los exalcaldes Jorge Ramos Hernández y Carlos W. Bustamante Anchondo, así como al actual Alcalde, Jorge Astiazarán Orcí.
Así mismo, al Ing. Manuel Guevara Morales, Secretario de Sidue estatal, al Ing. Roberto Sánchez, Secretario de Desarrollo Urbano del XXI Ayuntamiento, al Arq. Salvador Padilla, Coordinador General Ejecutivo de Desarrollo Urbano Municipal, al Dr. Carlos Beichalel Graizbord, Secretario de Protección al Ambiente estatal, al Lic. Tirso Lievano Hernández, Director de Protección al Ambiente municipal, al Dr. Tonatiuh Guillén y a Carlos de la Parra, del Colegio de la Frontera Norte.
En el grupo de particulares, señaló a seis personas, siendo estas Enrique Mier y Terán, Presidente del Patronato del “Zócalo 11 de julio”, Ramón Raymundo Arnáiz Rosas, contratista, María del Carmen Flores Avila, de Televisa, así como a Carolina Aubanel Riedel, Roxana Di Carlo y Fernando Martínez, de SíntesisTV.
De haberse presentado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, que depende del Gobernador Kiko Vega, uno de los denunciados, de antemano se sabía que no habría pasado nada. La PGJE es una institución que funciona con un sentido político y que no hace nada, cuando entre los denunciados se involucra a políticos o funcionarios públicos.
Quizás la PGR actúe un tanto distinto, pero, la verdad, sería algo fabuloso, que algún día, se ejerciera acción penal, al menos en contra de los principales involucrados en los hechos materia de la denuncia. Total, dicen que la esperanza muere al último.
Lo interesante, es que los defensores del Parque “Benito Juárez”, pese a la necedad de los promotores de la “Plaza del capricho”, persisten en su lucha. Los necios no entienden, que la zona está saturada y que nada justifica la tala de árboles. Tan pocos que hay.
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