TIJUANA, B. C. (SBC).- El asunto de las acusaciones de panistas de Mexicali, contra el exalcalde priísta Francisco Pérez Tejada, por supuestos malos manejos en el XX Ayuntamiento de la capital del Estado, exhibe en todo su “esplendor”, la desfachatez, cinismo y frivolidad de la llamada “clase política”.
El pasado jueves, 28 de agosto, el Síndico Procurador, Humberto Zúñiga Sandoval, presentó denuncia formal, ante la Procuraduría de Justicia del Estado, en contra del exalcalde mexicalense, por la presunta comisión de los delitos de peculado, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
La denuncia en mención, incluye, como presuntos responsables, al extesorero municipal y actual Síndico Social, Francisco Fimbres Gallegos, a Tobías Duarte Corral, ex Secretario General de Gobierno, Fernando Martín del Campo Quirarte, ex Tesorero, y Paulo César Hernández Moreno, ex Secretario del Ayuntamiento.
El monto del daño patrimonial, estimado, asciende a 939 millones 683 mil 752 pesos, por lo que se solicitó el embargo precautorio de bienes de los señalados, para garantizar el monto que se indica.
Esta fue la quinta denuncia en contra de Panchito, acumuladas en la PGJE, en el lapso de un año, por supuesta malversación de fondos, incumplimiento de obligaciones y otros delitos.
Panchito, fue uno de uno de los cinco alcaldes priístas que recién concluyeron su gestión y que se han distinguido por haber encabezado administraciones con múltiples irregularidades. Las peores de todas las que han existido en los gobiernos municipales de Baja California. El gozo, se fue al pozo.
Estos, constituyen el principal factor en contra del priísmo, para los comicios intermedios del 2015, en que se elegirán diputados federales, y los del 2016, para elegir alcaldes y diputados locales.
El “Caso Panchito”, muestra de “cuerpo entero” a la “clase política gobernante”. Con gran similitud, en cuanto a irregularidades, con los otros cuatro exalcaldes priístas. Carlos Bustamante, de Tijuana, Javier Robles Aguirre, de Playas de Rosarito, Javier Urbalejo Cinco, de Tecate y Enrique Pelayo Torres, de Ensenada.
Las dirigencias priístas, están preocupadas, definitivamente, por el posible destino de Panchito, pero en lugar de contratarle un buen abogado, que le defienda, han tratado de minimizar la gravedad de las denuncias en contra del exalcalde mexicalense. En tanto que a los exalcaldes, los han cobijado con el manto protector partidista, para que, en caso de que se proceda en contra de ellos, adquiera el carácter de una agresión al PRI. Algo lamentable y absurdo.
Los partidos políticos, son la vía para llegar a la función pública, por elección popular. Así como postulan candidatos, presumiendo que se trata de los “mejores hombres”, deberían asumir la responsabilidad de vigilarlos y llamarlos a cuentas, para que sean puntuales, eficientes y honestos, en el cumplimiento de sus funciones.
Y en caso de que se les acuse, de incurrir en irregularidades y malos manejos de recursos públicos, los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de verificar sin son fundadas o improcedentes las denuncias, no protegerlos.
Sin embargo, la dirigente estatal del PRI, Nancy Sánchez Arredondo, de manera simplista, exhorta a las autoridades de procuración de justicia, eviten la politización del asunto. Se trata de un político, al que señalan de incurrir en responsabilidades, en el desempeño de sus funciones, para las que fue electo, y todavía pretende que no se politice.
En un comunicado, señala : “Sólo falta esperar que este tema se desahogue sin tintes políticos y partidistas, para que se dé oportunidad a las partes involucradas, de atender con mayor seriedad y objetividad, lo que a cada quien corresponda”.
Posición casi similar, adopta el diputado René Mendívil, coordinador de la fracción parlamentaria priísta, cuando declara que casos como el de Panchito, “no es un tema exclusivo” del Ayuntamiento de Mexicali, sino que se ha dado en las administraciones de todos los colores. Algo sumamente deplorable.
Como diciendo : “si otros roban, no hay nada de malo que también lo hagan los priístas”. En lugar de exigir, que se proceda, conforme a derecho, en este caso y en todos los demás.
En tales condiciones, Panchito, quien inicialmente reveló que sentía miedo por el hecho del desvío de recursos que correspondían a ISSSTECALI, ahora se ha envalentonado y señala que las acusaciones en su contra, son simplemente parte de una cortina de humo y un circo mediático.
Evidentemente, el exalcalde presume que, con el apoyo del PRI, los panistas le van a hacer “los mandados”.
Las sospechas o evidencias, respecto a presuntos malos manejos de los cinco exalcaldes priístas –incluyendo a Panchito- se percibieron desde el transcurso de sus respectivas administraciones.
El PRI, los arropó y envió fuera de la entidad, al menos a tres de ellos. A Panchito, lo envió como Delegado Especial del CEN del PRI, a los comicios de Tepic, Nayarit. A Javier Robles Aguirre, a Baja California Sur. A Javier Urbalejo Cinco, lo incorpora al comité directivo estatal, con el cargo de Secretario de Organización.
A este tipo de políticos, no se les debe “blindar”. Que enfrenten las acusaciones y que se les otorgue la asistencia jurídica que requieran. Pero no se les puede ayudar, si causaron daño patrimonial a los gobiernos municipales que encabezaron. Eso, es encubrimiento y exhibe la pésima calidad moral, no solamente de los señalados, sino también de la dirigencia partidista.
Los malos elementos, deben ser expulsados, no protegidos.
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