TIJUANA, B. C. (SBC).- Los retenes policíacos que existen por todo el territorio nacional son inconstitucionales. Violan los derechos humanos consagrados en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues causan molestias a los ciudadanos, sin contar con documento expedido por autoridad competente, para revisar el vehículo o sus ocupantes.
En tiempos actuales y a causa de la inseguridad en México, de cierta forma se ha tolerado por parte de los ciudadanos que se implementen retenes policíacos con la finalidad de que se detengan personas que se dedican a cometer actos reprochables, pues a nadie le gusta ser víctima de un delito como son robo, secuestro, homicidio, entre otros; pero de igual forma, los ciudadanos desean que dichos retenes sean transparentes, respetuosos y honestos, y no, prepotentes, irrespetuosos y deshonestos; que no detengan a quien les cae mal, o que se le siembre evidencia a personas inocentes.
Pero cuando una autoridad implementa retenes con fines recaudatorios, los ciudadanos debemos de exigir y demandar que no se violen los derechos humanos. No es posible que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esté violando la Constitución a fin de verificar que los vehículos que circulan por nuestras calles estén importados. Por un lado el reten es inconstitucional, y por otro, el procedimiento esta fuera de toda legalidad. ¿Como exige al pueblo que cumpla y respete las leyes, cuando el gobierno es el primero en violarla?
Claro está que no apoyamos a los vehículos ilegales y sin documentos en orden, es obvio que el respeto entre ciudadanos es fundamental; pero, cuando vemos a mexicanos en pobreza, gente trabajadora que no le alcanza para pagar e importar rápidamente su vehículo, ahí sí debemos ser solidarios y alzar nuestras voces para que el gobierno sea flexible y humanista.
Triste es también ver que el gobierno municipal de Tijuana apoye al SAT con los retenes, en donde que confiscan los vehículos a los tijuanenses, los multan y en ciertos casos, los ponen a disposición del Ministerio Público de la Federación por el delito de equiparable al contrabando. ¿Que acaso el gobierno municipal no apoyaba a su gente con el tema de la homologación al IVA o con la restricción de dólares?, ¿Que acaso se le olvido al Alcalde que es tijuanense y que su familia y amigos circulan vehículos con placas americanas? o quizás, por el hecho de que el Alcalde es nacido en los Estados Unidos de América, piensa que todos los tijuanenses somos nacidos allá y podemos circular vehículos con placas americanas. Por favor señor Alcalde, no se olvide de su gente y retire el apoyo al SAT con sus violaciones a derechos humanos de los tijuanenses.
El gobierno federal debe buscar políticas públicas para resolver este problema con programas de regularización, con facilidades de pagos, con subsidios a créditos para comprar vehículos nacionales, y no, perjudicando al pueblo con otra política pública recaudadora que utiliza procedimientos ilegales en retenes inconstitucionales.
Daniel Andrés Ayala Mejía
Es Director de Ayala Mejía y Cía. Abogados
Licenciado en Derecho, con Maestría en Administración Pública,
actualmente cursa Maestría en Ciencias Jurídicas Penales en INPOCIPE.
ayala664@gmail.com
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