Palco de Prensa: Las licitaciones públicas.

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TIJUANA, B. C. (SBC).- La administración pública, o sea el gobierno, de los tres niveles, ya sea federal, estatal o municipal, por vía de impuestos, derechos y multas, percibe enormes ingresos, por montos de miles de millones de pesos, según el nivel, que deben ser destinados a cubrir el costo operativo, o sea sueldos y equipo, a la realización de obras y prestación de servicios públicos.
Dadas las cantidades de dinero que acumula, derivadas de las aportaciones de los contribuyentes, el gobierno se convierte en el principal cliente para la adquisición de productos diversos, así como para la contratación de servicios, la compra de equipos y la realización de obra pública.
Esos recursos, identificados como presupuestos de egresos, en diversos rubros, constituyen el principal atractivo de los políticos. Y, claro, también de los hermanos, primos, sobrinos y demás parientes de los políticos, incluyendo amigos, compadres y amigos de los parientes y de los amigos.
Tratando de evitar que los políticos se sirvan con la “cuchara grande”, al tener la facultad de comprar a terceros, a nombre del gobierno, y entonces comprarle a los amigos o parientes, o a ellos mismos, a través de prestanombres, se creó la figura de la licitación pública, que consiste en algo así como una subasta.
Cuando el gobierno requiere comprar algo o contratar algún servicio, debe convocar a todas las personas que puedan interesarse en ello y que estén en condiciones de vender o prestar el servicio a la administración pública.
Este procedimiento, conforme a la legislación aplicable, debe efectuarse a la vista de todos, para evitar chanchullos o contrataciones amañadas que beneficien a determinadas personas o empresas. Para que ninguno de los participantes se llame agraviado, al considerar que “a chuchita la bolsearon”.
Cabe observar, que las licitaciones públicas, tienen antecedentes sumamente remotos. Se dice que esta figura o forma de contratación, por parte del gobierno, fue utilizada por los chinos, encontrándose regulada en el Código de Hamurabi. Que más tarde, fue conocida en el derecho romano, allá por 1887.
A tantos años de distancia de su creación, se supone, que la figura de la licitación pública, es tan exacta, que ningún político puede beneficiarse, ni beneficiar a compas o parientes, mediante contratos de gobierno, amañados o etiquetados.
Sin embargo, en la práctica, con un exagerado cinismo, burlan los candados de la legislación y hacen compras o asignan obras, con o sin licitación, aprovechando las “rendijas” establecidas en la misma. Por mañas, no queda.
Contando con información privilegiada, respecto de los recursos disponibles para adquirir servicios o bienes, o para la realización de determinada obra, previamente la proporcionan a sus parientes o compas, a fin de que, de entre todos los participantes, las propuestas de ellos sean las más acertadas, en cuanto a costo y tiempos de realización y entrega. De paso, a la hora de calificar propuestas, dan la consigna de ser generosos con alguien o alguna empresa en particular.
En otros casos, cuando se exige la licitación a partir de determinados montos, a fin de beneficiar a alguien en especial, fraccionan las compras, o sea en lugar de realizar una sola operación por el monto total, de manera directa le compran en cantidades más pequeñas, para las que no es exigible seguir o aplicar el procedimiento de la licitación pública. Son “vivillos”, pues.
Ahí está el caso de las placas de circulación vehicular, manejado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a cargo de Antonio Valladolid. Se hizo una licitación Nacional, la cual fue suspendida con simples pretextos, y casi inmediatamente después, se otorgó el contrato a una empresa que había estado en suspensión fiscal, durante varios años. Lo apuntaba el columnista, que eso no es buena suerte, sino el hecho de tener compas o socios en el gobierno.
El caso es que el asunto de las placas, no es raro, ni mucho menos una excepción. Son maniobras tan comúnes, pero que la mayoría de las veces pasan desapercibidas, porque nadie se atreve a denunciarlas o a hacer algún reclamo, por temor a las represalias.
En días pasados, trascendió a la opinión pública, otro caso de contrataciones mediante adjudicaciones directas, o sea sin recurrir al procedimiento de licitación. Haciendo alusión a presuntos actos de corrupción, por parte de funcionarios de Caminos y Puentes Federales de Ingresos, conocido comúnmente como Capufe, en las obras de reparación de la Autopista Tijuana-Ensenada, de manera anónima circularon copias de las contrataciones irregulares.
El remitente precisa : “Solo soy otro ciudadano más que realmente le molestan los actos de corrupción” y refiere que los que denuncia, “involucran directamente a la Delegada de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) la C. Rosa María Castañeda Guadiana, con las empresas Constructora Aldesem, S.A. de C.V. y Constructora Makro, S.A. de C.V.” Los montos, no son cualesquier cosa. Más de 663 millones de pesos a Makro. Más de 38 millones de pesos a Aldesem.
Si existe legislación, que regula las compras o contrataciones de gobierno, ¿por qué se siguen haciendo estas operaciones de manera irregular? Por la simple y sencilla razón de que los órganos de fiscalización, son una simple vacilada, y la impunidad propicia la corrupción. Si no se castiga a nadie, nadie tiene temor a hacer cosas indebidas.
Las proclamas de transparencia, son simples poses políticas. Bueno, aclarando, los actos de los políticos son tan transparentes, como el vestido de una damisela. No deja nada a la imaginación. Se les notan todas sus vulgaridades y cochinadas.
gil_lavenants@hotmail.com